Opinión

La ejecución de Zaplana

Se llama Eduardo Zaplana. Es un preso preventivo con una gravísima leucemia al que una juez exige devolver estas Navidades a prisión tras su reciente ingreso en urgencias del Hospital de La Fe de Valencia. Se había agravado su estado y le faltaba la mejor atención médica al menos desde octubre por sufrir múltiples infecciones consecuencia de un trasplante de médula recibido en 2015. 

A sus 62 años, el exalcalde de Benidorm, expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exportavoz del PP  en el Congreso está siendo sometido a una ejecución judicial. Está encarcelado por la presunta corrupción de alrededor de diez millones de euros en el caso Erial, delito grave; pero acelerarle la muerte, que puede ser súbita, recuerda una muerte sádicamente planificada.

Aunque amparada por la ley porque la juez María Isabel Rodríguez tiene un poder unipersonal sobre esa vida aunque lo ejerza con una interpretación más justiciera que justa de la justicia. Detenido preventivamente el 22 de mayo, la defensa de Zaplana presentó enseguida y repitió varias veces informes del Departamento de Hematología de La Fe, que practicó el trasplante en 2015. Desde hace meses advierte de que debía ser atendido en ese centro porque puede sufrir una infección “con riesgo vital cercano al cien por cien”. Lo mismo hizo Guillermo García-Manero, jefe de Sección de Leucemia del Hospital Anderson Cancer Center de Houston: “Si recae la tasa de mortalidad es cercana al cien por cien”.

Desde entonces ha ido agravándose; qué contraste con Josu Uribetxeberria Bolinaga, el sádico secuestrador de Ortega Lara, liberado por padecer cáncer tres años antes de su fallecimiento.

Ejecutemos a Zaplana: muerte por corrupto y libertad para verdugos como el de una anciana que luego violó y asesinó a Laura Luelmo.

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