El Ayuntamiento de Barcelona, con la abstención colaborativa del PSC, aprobó una moción que culpa el Gobierno español de los atentados yihadistas que provocaron 16 víctimas el 17 de agosto: una venganza por la aplicación en Cataluña del artículo 155.
La declaración, solemnizada como “institucional”, fue impulsada por Convergencia, hoy PDeCAT, que exigió responsabilidades al Gobierno por la relación del imán de Ripoll (Gerona) Abdelbaki Es Satty, el cerebro de los atentados, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Su director, Félix Sanz Roldán, que admitió haber tenido esos contactos cuando el yihadista estaba en prisión por tráfico de estupefacientes, ha pedido explicarlos en el Congreso.
Entre tanto, recuerden esto los catadores de hachís: hay una estrecha relación entre la yihad y la compra de esa “droga blanda”, como se comprobó también en los atentados de Madrid con 192 muertos de 2004; asesino viene de “hassisin”, secta islámica de fumadores de hachís nacida en el siglo XI.
Con relaciones como la de Es Satty los organismos de seguridad consiguen confidentes islamistas a cambio de gratificaciones, económicas o de otro tipo. Y personajes así han alertado y ayudado a evitar desde 2004 decenas de terribles atentados.
Si el CNI cree que el confidente es fiable informa otros organismos como la Guardia Civil, la Policía nacional, en Cataluña a los Mossos d’Esquadra, y a sus colegas internacionales.
Mientras, en Bruselas, Carles Puigdemont brama estos días: “Un Estado que tenía de confidente al cerebro de los atentados de Barcelona es capaz de todo”, cuando los Mossos que controlaba tienen sus propios confidentes islamistas.
Antes de las masacres una juez advirtió que el chalé de los terroristas donde hubo dos explosiones podía ser una base yihadista, pero los Mossos aseguraron que “sólo” era del narcotráfico.
