Todos los dirigentes del fallido golpe de Estado del pasado octubre en Cataluña, menos los seis huidos en Bélgica y Suiza, se culpan mutuamente ante los jueces en declaraciones que parecen de cobardía, cuando son al contrario: muestras de valentía ante posibles males peores que la cárcel.
Los seis escapados no han tenido que desmentir su participación porque no están al alcance del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ni del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Los que quedaron han admitido, como Artur Mas, padre espiritual del engendro, que la declaración de independencia era falsa, un juguete para obligarle al Estado a aceptar sus exigencias.
Antes de la declaración de independencia el exmagistrado del Tribunal Constitucional y muñidor jurídico de la Constitución independentista, Carles Viver i Pi-Sunyer, decía querer ser un símbolo como Mandela o Ghandi, pero ya ante otro juez negó su aportación al documento fundacional republicano.
Otra negativa fue la de otro juez, Santiago Vidal, que con múltiples indiscreciones facilitó infinidad de pistas para desmantelar el golpe, tantas que hasta parecía un agente encubierto del CNI. Ahora pide volver a la judicatura española
Aún más, las expresidenta del Parlamento, la despótica Carme Forcadell, reniega ahora de su dirección sobre las leyes ilegales que llevaron al falso referéndum y a la teórica separación de España.
Sólo en un momento de comprensible debilidad lloró humillándose ante Llarena al pedirle no ir a prisión porque “necesito estar con mis nietecillos”.
Sí. Fueron valientes: una treintena al menos de altos cargos del golpismo debe serlo para enfrentarse a sus votantes, que tienen que sentirse más estafados que las víctimas del timo de la estampita, y que podrían tomarse la venganza por su mano; aunque seguramente no lo harán por cobardía nacionalista generalizada.
