Dicen los expertos que los padres de la Constitución dejaron abierto el famoso artículo 155, plenamente conscientes de que era muy adecuado ampararse en un texto lo suficientemente flexible como para admitir la aplicación de aquellas medidas que pudieran necesitarse en el cumplimiento del fin primordial sin necesidad de enumerarlas. El 155 expresa que si una Comunidad no cumple sus obligaciones constitucionales o actúa de forma que pueda atentar gravemente contra el interés general, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado y tras preceptiva advertencia al presidente de la mencionada comunidad, el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Un veterano periodista contaba que uno de los padres de la patria le había confesado que se redactó el artículo en estos términos pensando específicamente en el País Vasco, que era el que en aquellos tiempos transmitía mayor inquietud. En efecto, y tras la consolidación de su autogobierno en la persona de Joseph Tarradellas –de cuya vuelta se cumplen ahora precisamente cuarenta años- Cataluña parecía perfectamente encajada en el nuevo orden territorial.
Esa misma historia describe el momento en el que Felipe González estuvo a punto de aplicarlo en Canarias si bien la feliz mediación del ministro Borrell en el conflicto consiguió conjurar esta decisión extrema en los minutos de descuento. Y esa misma historia nos demuestra cómo los redactores de la Carta Magna hicieron bien en dotar de calculada ambigüedad la medida que ha terminado aplicándose no a Euskadi –donde los años del plomo escarmentaron a propios y extraños y dieron paso a un nuevo panorama en el que se coquetea con el secesionismo más por genética que por otra cosa y donde en realidad se piensa en alta cocina, casas rurales de ensueño, senderismo y campos de golf amparados en un marco fiscal idílico- sino a una Cataluña que paradójicamente ha abandonado su proverbial sentido del equilibrio para autoinmolarse en un ámbito de canibalismo político tan insospechado hace años como hoy deleznable.
Los partidos constitucionalistas utilizarán por tanto el saco sin fondo del 155 para devolverle a Cataluña el orden constitucional que se rige por su propio Estatuto y las leyes comunes del Estado. Y lo harán por primera vez en común y sin fisuras. Con Ciudadanos apretando y la colaboración de un PSOE ahora sí, serio y leal, en el que se han impuesto los argumentos lógicos probablemente en contra incluso de los auténticos deseos de su Secretario General. Con ello y en enero, a votar de verdad.
