Opinión

El poder del Estado de derecho

Como era de esperar, los acontecimientos se han ido precipitando en este territorio hostil en el que el despropósito y la sinrazón han convertido Cataluña en el lugar en el que, a partir de ayer mismo, se toma la calle y se suceden ataques y vejaciones contra la Guardia Civil y la Policía Nacional aquellas instituciones garantes del orden público a las que la Generalitat orilló de forma consentida en las operaciones policiales producto del atentado de las Ramblas. Sus vehículos han sido destrozados por hordas independentistas, sus agentes han sido cercados y agredidos en una noche de los cuchillos largos campando por las calles de Barcelona. Territorio hostil por tanto, en el que el sindicato de estibadores se niega a dar servicio en el atraque a un barco dormitorio de los agentes llegados a Cataluña, y en el que los diferentes grupos partidarios de la independencia azuzan y movilizan la algarada callejera que cuenta de manera incomprensible, con el respaldo de Podemos que encuentra en Cataluña presos políticos.

Pero esta olla a presión en la que los colectivos que aspiran a declarara de la noche a la mañana la República Independiente de Cataluña han convertido la vieja autonomía y su proverbial sentido común en un infierno a cuenta de manipulación, extorsión, chantajes y mentiras tiene remedio y es la ley. A secas. No es el Gobierno de España el que detiene a altos cargos de la Generalitat por su participación en un referéndum declarado ilícito por el Tribunal Constitucional sino los magistrados de la Audiencia de Barcelona en su legitimidad como jueces. Y la culpa no es de ellos sino de los que les han obligado a tomar las decisiones que les corresponden en el necesario cumplimiento de su deber.

El problema catalán ha sido probablemente un problema político y es muy posible que lo siga siendo en el futuro pero solo recobrará esa condición cuando aquellos que han forzado la situación al límite respondan de sus actos ante la Justicia. Son ellos, quienes en la famosa sesión del Parlament en la que se aprobaron a la trágala leyes inadmisibles, convirtieron el problema político en un asunto judicial.

El Estado de derecho es muy fuerte y sus mecanismos son tan sólidos y poderosos que cuando se ponen en marcha no admiten tregua. Es lo que ocurre hasta que el orden constitucional se restablezca. Entonces y solo entonces, una nueva negociación será posible. Con otros interlocutores sensatos, nobles y por tanto, distintos.

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