La renunciada firmada por el magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial en respuesta al pacto obtenido por el Partido Popular y el PSOE para asegurarse el control de la judicatura, abre varias vías de reflexión todas ellas en mi opinión gratificantes y positivas.
La primera de estas vías se destina a enaltecer el sentido de la responsabilidad mostrado por el propio juez Marchena al adoptar una decisión que le honra y contribuye además a rescatar aquellos valores que deben presidir el comportamiento del estamento judicial, puestos por otra parte en cuestión tras el rosario de acontecimientos que han afectado tanto al Consejo como al Tribunal Supremo cuya presidencia también le correspondería ejercer. En su escrito de rechazo a la propuesta pactada por los responsables del PP y PSOE –en la que se incluía también la renovación igualmente pactada de una veintena de vocales de la institución- el juez Marchena expresa su inquebrantable deseo de no ser manipulado por ningún estamento político, afirmando que a ninguno pertenece en clara referencia a la necesidad de preservar la independencia del poder judicial y su no adscripción a corriente política alguna.
En segundo lugar se proclama con esta decisión la necesidad de que reflexionen profundamente los dos grandes partidos sobre el cambio producido en el ámbito político nacional donde ya no conviven dos únicas formaciones y donde la representación y responsabilidad institucional se ha repartido. Si la renovación de las instituciones va a seguir dependiendo del peso específico de cada uno en el arco parlamentario –cuestión que debería desterrarse incluyendo otras instancias como RTVE, consejos de administración y demás canonjías incalificables- bueno está que PP y PSOE recuerden que ya no están solos y que el bocadillo del recreo hay que repartirlo con los otros niños. Ciudadanos, por ejemplo, se ha negado desde el minuto uno a estos manejos.
Finalmente esta decisión devuelve el Tribunal Supremo a la casilla cero y en consecuencia también a Marchena, quien seguirá al frente de su Sala Penal y, por tanto, presidiendo el tribunal que juzgará a los encausados por el “proces”. Lo hará con la composición antigua y será él quien firme la sentencia.
