Es público y notorio que el marco jurídico que definió la política autonómica en la Constitución del 78 se estableció del modo en que en el documento se refleja urgido por la necesidad de concretarlo cuanto antes. Eran tiempos difíciles en los que todo estaba cogido por alfileres, el país que recuperaba la dignidad perdida tras años de dictadura se movía entre permanentes señales de alarma, acechaba el peligro y había que improvisar sobre la marcha un reparto territorial normalizado que no suscitara rechazo y aguantara la presión de las llamadas comunidades históricas, ansiosas de obtener un estatus que garantizara sus peculiaridades y consolidara sus ansias de autogobierno.
Por lo tanto, los admirables padres de la patria que firmaron la Carta Magna garante de la recién estrenada democracia pusieron más énfasis en el aspecto político del mapa autonómico que en el aspecto financiero, elaborando sobre la marcha un sistema de financiación que treinta y muchos años después no puede seguir en vigor entre otras muchas razones porque es radicalmente injusto e introduce desequilibrios en el tratamiento que ya no pueden ser soportados. Los fueros que históricamente han definido la situación en Navarra y el País Vasco responden por ejemplo a un concepto caduco e indefendible en pleno siglo XXI, y no es posible seguir manteniendo un ámbito de privilegios heredados cuyas raíces se pierden en la noche de los tiempos, cuyas huellas se afianzan en los turbulentos años de Zumalacárregui y cuyos desequilibrios se han manifestado más explícitamente si cabe estos días en los que la España necesitada de armonía y solidaridad observa perpleja cómo los políticos vascos ingresan para su territorio dinero a manos llenas a cambios de contribuir con su voto en el Congreso a cuadrar los presupuestos generales del Estado.
Nunca antes la famosa ley del cupo vasco había suscitado tantos resquemores en el resto de los españoles pero esta respuesta es comprensible. Lo es también la certeza de que la Cataluña en manos de independentistas se ha gastado lo que había y lo que no había, y que hasta la ruptura final, los sucesivos gobiernos han premiado esos absurdos despilfarros enviando dinero y más dinero para taparlos. La sospecha de que en la financiación autonómica hay dos Españas es cada vez más profunda. Quizá porque los hechos sus difícilmente rebatibles y están ahí para demostrarlo.
En pleno inicio del Milenio nuevo estos desequilibrios ya están de más. Hora es de corregirlos.
