Apesar de los disparates con los que el secretario de Organización de Podemos ha pretendido explicar el apoyo sin fisuras que las instituciones europeas ofrecieron a Felipe VI y el Gobierno de Mariano Rajoy, un apoyo abierto, explícito y libre de dudas expresado durante el solemne acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, las palabras expresadas en el estrado por Jean Claude Juncker y Antonio Tajani ni tienen otra interpretación que la que expresan ni resisten ninguna actitud manipuladora como la que ha pretendido, superando ampliamente el ridículo, el absurdo análisis de Pablo Echenique. Europa se ha puesto las pilas para reconocer la legitimidad de las decisiones adoptadas por el Gobierno y para defender la legalidad de unas acciones necesarias, respaldadas por los partidos constitucionalistas y sancionadas por la mayoría absoluta del Senado. Merkel, Macron y May han explicitado hace dos días su apoyo incondicional a las autoridades españolas y salvo números circenses como los del primer ministro belga –que bien podría solucionar las cosas en el corral propio en lugar de invadir el ajeno- y ciertas frivolidades de algunos medios de prensa extranjeros, la Europa seria y democrática, orgullosa de los logros que se obtienen caminando de la mano, ha despejado toda duda al respecto y está con la España plural y democrática, con la legalidad y las normas que definen el Estado de derecho. Somos un país libre, soberano, orgulloso de su orden jurídico, ejemplar en todos sus comportamientos y profundamente comprometido con la Europa a la que pertenecemos. Y así es como nuestros conciudadanos europeos nos consideran y así es como merecemos que se nos considere en el mundo entero. Naturalmente Venezuela no está por la labor pero eso, más que preocuparos, a la mayor parte de nosotros debería alegrarnos y en realidad, nos alegra.
El Gobierno, por tanto, se persona en el Senado para solicitar la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución que le faculta para adoptar un breve pero contundente catálogo de medidas tendentes a devolverle a Cataluña su orden constitucional perdido. Otorga también un último plazo a la Generalitat para que renuncie a sus proclamas antes de que sus miembros sean forzosamente destituidos. Puigdemont no va a rendirse y la aplicación del 155 es un hecho.
Y ya está. No hay otra conclusión ni más especulaciones de las que puedan aprovecharse los que pretendían amparar una rebelión en toda regla. Y cuando la normalidad se restablezca, tiempo habrá de desarrollar una estrategia de relaciones con Cataluña con el terreno de juego convenientemente podado de malas hierbas elecciones incluidas.
