De zaratrones y tapones

De zaratrones y tapones

Es mucha la polvareda que en estos días se ha montado al respecto de la donación de 320 millones de euros realizada por la Fundación Amancio Ortega para adquirir mamógrafos y aceleradores lineados destinados a la lucha contra el cáncer.

Profundizando un poco más en estas cuestiones, sabemos  que la legislación española define como fundaciones a todas aquellas organizaciones constituidas sin afán de lucro, de carácter privado  y con un patrimonio vinculado a fines de interés general.

De la misma forma, los bienes de interés general incluyen la solidaridad y la colaboración con el progreso de la sociedad. Podríamos entender entonces que determinados ciudadanos quieran devolver a la sociedad, de manera voluntaria, parte de los beneficios recibidos de la misma y las fundaciones resultan un vehículo propicio para ello. Casos ha habido en este país (y seguirá habiendo) de mecenazgo religioso, artístico, científico y cultural.

¿Por qué no también sanitario? Una de las primeras lecciones que se aprenden en cualquier máster sobre gestión sanitaria es que los recursos no son infinitos, sino limitados. La idea fundamentada en que el Estado, a través de sus Presupuestos Generales, debería financiar en exclusiva la sanidad pública resulta aceptable, pero se topa con la dura realidad.

Grosso modo, la financiación estatal se nutre a partir de impuestos directos, como el que grava la renta de las personas físicas o a los beneficios empresariales, esa deducción que nuestra empresa realiza en nuestro sueldo en nombre del gobierno, impuestos indirectos, como el popular impuesto sobre el valor añadido o IVA, de los impuestos indirecto especiales, como aquellas imposiciones adicionales sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina y dentro de poco las bebidas azucaradas, de las tasas y cobros que el gobierno nos cobra por determinados servicios o gestiones, como las que pagamos al obtener el carnet de identidad o el de conducir, de transferencias corrientes, como los ingresos recibidos de los organismos públicos y de las empresas estatales, y de los ingresos patrimoniales, como los intereses de títulos, depósitos y valores, los alquileres de edificios estatales y los dividendos del Banco de España. Insistimos, recursos limitados. Desde el año 1989, la asistencia sanitaria en España es universal y financiada a través de impuestos. Según la Ley de cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud son las comunidades autonómicas la encargadas de financiar la Sanidad Pública de conformidad con los acuerdos de transferencias en materia sanitaria. 

No debemos olvidar que la donación de los 320 millones son para el Sistema Nacional de Salud, aceptados por Comunidades Autónomas de signo político bien distinto (que son las que van a gestionar el reparto), aplaudidas por las asociaciones de pacientes y la gran mayoría de los profesionales, y que, si bien es cierto que el Sr Ortega se ahorra 96 millones en la declaración de la renta, su aportación le cuesta realmente 224 millones. Si es mucho o poco es otro cantar.

La Fundación Bill y Melinda Gates donó 750 millones de dólares en 2012 para luchar contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis pulmonar. No hubo objeciones. Quizás en España necesitemos actualizar el marco normativo que regule el mecenazgo, como ya existe desde hace décadas en los países anglosajones.  Con ley o sin ley, no creo que a nadie se le ocurra rechazar, por ejemplo, el dinero recaudado con la recogida de esos humildes tapones de plástico que pueden garantizar el tratamiento de un pequeño con una rara enfermedad allá donde mejor puedan proporcionárselo.