Sin duda a Albert Rivera le faltan tablas, ahora como águila bicéfala de los populares y antes durante la negociación para formar gobierno, pactando envalentonado ciento cincuenta puntos sin darse cuenta de que iba a abrir la caja de los truenos.
Altivo ha exigido en el Congreso la creación de una comisión para investigar la financiación del PP, a lo que el Ejecutivo ha respondido que sin problema, siempre que se investigue a todos los partidos. Pero el líder de C's ha maniobrado negándose a generalizar la fiscalización, con argumentos inconsistentes ha exigido que sólo el Partido Popular rinda cuentas eximiéndose a sí mismo de exponerse a quedarse en pelota picada, evidenciando que la negativa por mostrar sus cuentas genera dudas, sugiriendo que no es oro todo lo que reluce, pese a que el resto de formaciones le hace coro obligando a que sea sólo el partido del Ejecutivo quien muestre sus libros mayores.
Pero en esta ocasión, el Rajoy que para el resto de iniciativas se defiende como gato panza arriba, se ha sacado un as de la manga y, por boca de la voz de su amo —léase Rafael Hernando—, ejerciendo el derecho de pataleta entonando un “nos la vais a pagar”, ante la minoría del hemiciclo ha echado mano de su mayoría en el Senado para que se intervenga la hacienda de todos, creando en la Cámara Alta una comisión de investigación.
Armarla en el Congreso con los fondos del PP ya no tiene más interés que el de armar jaleo y marear la perdiz por parte del resto de diputados, que a saber cuáles le sacarán mayor rendimiento político sin que varíe nada en la cosa pública.
Con las tornas cambiadas en el Senado la lectura es clara: las cuentas del PP no dan para sorprender mucho al estar bajo lupa en distintos juzgados, pero las del resto de formaciones, ahora más que nunca desde su negativa, despiertan una curiosidad casi morbosa en el electorado.
Distrayendo la atención sobre sus arcas coloca al PSOE en el ojo del huracán señalándolo de secretismo y acusando al PP de falta de nitidez, Rivera se atrinchera en la opacidad negándose a dar cuentas de su dinero. Lejos de rehuirla, deberían congratularse en la tan reclamada transparencia, valorándola como la mayor garantía para los ciudadanos y las instituciones de que la democracia se preserva y el Estado funciona, sobre todo para despejar las dudas que planean sobre la vida política del país como la reiterada acusación de que Podemos ha sido financiado por terceros países para desestabilizar a España, motivo más que sobrado para que todos pongan las cartas sobre la mesa.
Tanto rechazo mosquea y mucho. ¿A qué viene tanto reparo por mostrar los ingresos? La respuesta quizá haya que buscarla en otro lado, no tanto en las cajas B sino en la financiación legal para que el público se entere de los casi diecisiete distintos conceptos aprobados en la legislatura pasada por un Gobierno que, invocando la mayor austeridad hasta en el esquilmado bolsillo del más pobre pensionista, llenan las arcas de todas las formaciones políticas que se rasgan las vestiduras sin dejar de poner el cazo, verdad incómoda para quien con la boca grande critica la situación precaria de innumerables españoles mientras con la pequeña acepta de buen grado esos dineros.
Si no querían una nación gobernada, la oposición debería abstenerse de apoyar la investidura de Rajoy. Los cargos electos, en la comodidad de sus sillas y con el bolsillo caliente, olvidan que el precio de este asalto al poder lo pagará la ciudadanía. Su obligación no es derribar al contrario sino ayudar a legislar, convirtiéndose en corresponsables del daño producido, recordar a quién realmente sirven, porque como dijo el escritor suizo Henry Amiel, el deber es ser útil, no como se desee sino como se pueda.
