Colapso

Los peores temores de Rajoy se han hecho patentes durante la votación de la norma que regula la estiba en España, actividad cuyo reglamento por otro lado es necesario consensuar, si o si, por imperativo legal, al estar prohibido la existencia de monopolios en todo el territorio de la Unión Europea. 

Ha bastado que 350 políticos cómodamente sentados en el Congreso negociaran sus intereses partidistas para que 46 millones de españoles tengan que sufrir sus arbitrios. Este es el motivo que explica la debacle de Rajoy, pero también el fracaso del resto de formaciones políticas representadas en el Parlamento, que han echado mano de una  ley que regula la actividad de un colectivo compuesto por 6.153 trabajadores sin ninguna titulación pero con un sueldo medio de 70.000 euros/año que, manteniendo en jaque a todo el país, están costando a los contribuyentes una fortuna que podría ser empleada en aliviar distintas necesidades generales.

Pero el consenso no ha llegado y el Ejecutivo se ha quedado temblando, aunque no menos que el resto de los ciudadanos cuando haya que abonar la sanción que las autoridades europeas impondrán, a razón de 134.000euros diarios en tanto no se llegue a una solución, dinero que, para variar, va a salir del bolsillo de todos los españoles.

Tan alto precio es la consecuencia de la fórmula de Estado, que analizado desde un punto de vista profundo no ha variado del enojoso Estado Monárquico Social y Representativo propuesto en la década del los cuarenta del pasado siglo por el Caudillo. Continuando el modelo, la Constitución de 1978 redefinió su estatus como Monarquía Parlamentaria, sin dejar por ello de ser un sistema donde la democracia continúa siendo representativa en lugar de participativa: la ciudadanía efectivamente elige candidatos pero no para cumplir con un programa sino para hacer lo que les venga en gana.

Es inconcebible que los ciudadanos tengan que tomar reiteradamente la calle para que un gobierno se digne a escuchar al pueblo y revocar, con muchos matices, aquellas leyes que están empeñados en aprobar a espaldas de la voluntad popular. El ejemplo más claro —y que ahora pasa factura a los populares—, es precisamente ese empecinamiento cerril de afirmar que la actual formación del Hemiciclo es lo que los españoles querían. No, lo que el electorado quería y sigue queriendo es un Ejecutivo sólido, estable y con capacidad, no para aprobar leyes que rechazan los ciudadanos, sino para legislar conforme a la voluntad y el interés de la mayoría.

Eso, aunque no sea lo que diferencia a una democracia representativa de una participativa, se aproxima más al sistema propugnado por los ciudadanos. Ese continuado desdén es lo que ha puesto el dedo en la llaga sobre la gobernabilidad del país. Ya en la anterior legislatura Rajoy se vio obligado en dar marcha atrás las leyes de Gallardón, mientras la Lomce mantiene en el aire a las comunidades educativas con una norma aún sin desarrollar, puesta en práctica a medias, y que deja en el limbo al alumnado, ese numeroso colectivo que la mayoría de los ciudadanos tienen en sus casas y que determinará el devenir del país en un futuro, en función de la calidad de la formación que reciban ahora.

Por los pasillos de Moncloa, en los mentideros ya se habla de una vuelta de tuerca a la legislación que afecta al suministro eléctrico y al impuesto al sol, como paso para revisar otras normas. Rajoy se empeñó en gobernar en minoría y, esa segunda legislatura que para la mayoría de los presidentes es una balsa de aceite en la que disfrutar sus conquistas, se le vuelve maremoto. 

El karma más duro llama a su puerta: o convoca nuevas elecciones encomendándose a la Virgen del Perpetuo Socorro, o sin dejar de ser presidente va a asistir a la derogación de cada una de las leyes aprobadas por él.