Opinión

El ejemplo de Punxín

De un tiempo a esta parte, el respetable asiste al espectáculo de los políticos de nuevo cuño rasgándose las vestiduras por los sueldos calificados de escandalosos, que hasta la fecha cobraban los libres designados. En un alarde populista se estrenan en plenos sin dar cuartel bajándose sus asignaciones, aunque en la mayoría de los casos con intenciones harto oscuras para quien tanta transparencia reclama, ya que no explican a dónde irá a parar el remanente, sosteniendo en infinidad de ocasiones, como propuso Errejón ante la toma de posesión de Colau en Barcelona, que la diferencia de los emolumentos de la alcaldesa serían para el partido.

Con independencia de lo cuestionable de tal forma de financiación, —desviando dinero público para sustentar un partido cuando estos ya están remunerados por la Administración—, cabe preguntarse de qué modo se alivia al ciudadano de la carga fiscal desde el momento en que al erario le cuesta lo mismo 140.000 € de sueldo de un alcalde, que la misma cifra desglosada en estipendios del regidor municipal sumados a la mordida de una formación política. ¡Mal asunto cuando un recién incorporado proclama a voz en grito la ineficiencia de su predecesor, vendiéndose por lo que dice en lugar de por cuanto hace!

Pero si hay un ejemplo de lo que realmente debe fraguarse en un consistorio en beneficio de un vecindario, es el que se ha mostrado en Punxín, tierra de buenos caldos del Ribeiro, mejor huerta y gentes hospitalarias, que ya hace tres décadas sufrieron las embestidas de la maquinaria política que pretendía ubicar en el municipio un vertedero que acogiera los detritos de media provincia. El proyecto por fortuna no prosperó, librando a esta fértil comarca de convertirse en un hiperbausrero.

Pero el presente es infinitamente más prometedor cuando la corporación local, de manos de la oposición, ha logrado evitar la subida de las basuras y del agua. Ciertamente cuesta entender que los concejos saquen a subasta la explotación de la recogida de material reutilizable que las empresas concesionarias reciclan y revenden hasta la extenuación, sin que ese beneficio refleje ningún tipo de rebaja en el recibo que abonan los ciudadanos. El rendimiento de los residuos sólidos debe legítimamente redundar en provecho de la ciudadanía, y no despistarse como viene sucediendo hasta ahora. 

En cuanto al agua, cabe preguntase por qué una embotelladora debe revolver el dinero al cliente cuando el producto es inadecuado para el consumo, mientras ayuntamientos y concesionarias se lo toman con tanta alegría cuando el elemento contiene contaminantes, como en el caso que nos ocupa de Punxín, o sabores mohosos como la de la ciudad de Ourense. Seguramente lo que las alcaldías necesitan es un revulsivo que les haga ponerse las pilas, porque de lo que se trata es de beneficiar siempre al pueblo.

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