Si ya atufa bastante tener que pagar por un documento que es de uso obligatorio como el DNI, mejor no calificar la última disposición del Ejecutivo en relación a la futura gestión del Registro Civil, que lejos de servir o beneficiar a los españoles, apenas lucrará al corpúsculo de profesionales compuesto por los registradores de mercantiles y notarios. Todo ello con el menoscabo que supone omitir la veracidad y solvencia de la autoridad judicial, para pasar a ser dirigido por lo más parecido a empresas privadas, en donde unos empleados que no son funcionarios públicos manejarán todos los datos de los ciudadanos.
El Registro Civil es un servicio imprescindible, obligatorio y gratuito, gestionado por el Ministerio de Justicia desde el siglo XIX, y que atañe a todos los españoles desde su nacimiento, hasta incluso después de su fallecimiento, siendo una asistencia de uso insustituible para realizar cualquier trámite que afecta a la persona.
Pero el Gobierno ha decidido privar a los españoles de un bien público que pagan con sus impuestos, no sólo para seguir tributando a cambio de nada, sino para tener que abonar a gestores privados un procedimiento que es de inexcusable cumplimiento para la Administración, sangrando una vez más al electorado, que tendrá que desembolsar por una partida de nacimiento, un libro de familia o un certificado de defunción, barbaridades que varían desde los 20 hasta los 300 euros, frente a los 1,8 que el PP cobrará del Ministerio de Hacienda por cada voto que consiga en las próximas elecciones. ¡Ya se verá, con ésta y otras disposiciones, cuánto recaudará a la postre después de los comicios, tras convertir al país en su corral particular!
No es la primera vez que Rajoy propone un país de chirigota en el que los servicios públicos, sufragados con los impuestos, cuesten al ciudadano el doblete de un segundo pago, y por otro lado, que engorden esa Administración que supuestamente iban a adelgazar, cuando en casos como los fallecimientos intervenidos judicialmente, el organismo gestor sea obviamente los jueces en lugar de los registradores.
Cabe preguntarse a quién favorece este tipo de normas cuya misión es gestionar los recursos de todos los ciudadanos, privatizando un trámite que hasta ahora es gratuito y gestionado por los funcionarios públicos de Justicia. No hace falta ser demasiado torticero para recordar que, además de presidente del Gobierno, Rajoy es registrador de la propiedad, siendo aún titular en Santa Pola, Alicante, lo que seguramente explica este tipo de favoritismos.
