Buscando justificar su nueva Ley de Seguridad Ciudadana —popularmente denominada “Ley Mordaza”—, el ministro de Interior invoca la homónima Ley Corcuera de 1992 o “de la patada en la puerta”, argumentando que esta última aún está en vigor pero omitiendo que sus puntos más conflictivos fueron derogados prácticamente al poco de nacer. Esa es una simple incoherencia a sumar al amplio abanico del Ejecutivo, como lo es vetar el consumo de tabaco en las cafeterías que son de acceso voluntario, permitiéndolo en la calle, de uso imprescindible, obligando así a todos a fumar, o prohibiendo beber en las vías públicas, pero no el bar. Si tanto tabaco como alcohol son nocivos, que se proscriban, pero ya está bien de la doble moral que supone un Gobierno rasgándose las vestiduras mientras impone el cazo impositivo contra el ciudadano.
Y qué decir de la prostitución: por mucho que se penalice al cliente, no impide que una meretriz se pasee casi en pelota picada mostrando el escaparate al lado de un colegio. Bien, si el lenocinio es una actividad que origina alteración o alarma social, que se reprima o se regule de una vez, pero que dejen ya de joder. A esto se suma la atribución del Ministerio del Interior de fiscalizar, fisgonear e intervenir en la vida privada de todo ciudadano, pasándose por el arco del triunfo las más elementales garantías procesales, el derecho a la intimidad e inviolabilidad de domicilio y comunicaciones, suplantando atribuciones que son propias y exclusivas de un juez, consagrado diáfanamente en la Constitución.
La pregunta lógica que puede formularse cualquier parroquiano es que si el Gobierno, en representación del electorado, tiene como misión dictar leyes que redunden en beneficio de la ciudadanía, ¿por qué no se aprueba de una vez aquel compromiso electoral del PP de crear una agencia de valoración de la vivienda, previniendo el arbitrio de los bancos en lo relativo a las hipotecas y desahucios? ¿Por qué no se penaliza la financiación con dinero público de fundaciones vinculadas a partidos y sindicatos, reductos para el retiro dorado de políticos y politicastros cesados o apartados, premiados con sueldos astronómicos por no hacer nada? ¿Cuándo se someterá a plebiscito el modelo de Estado, eliminando de una vez las duplicidades entre las administraciones europea, central, autonómica y local, desmantelando chiringuitos absolutamente prescindibles como las diputaciones provinciales? ¿Cuándo se limitarán los estipendios de los cargos públicos regulando sus demás prebendas, acotando de paso el montante de asesores, concejales y demás puestos excesivos para el bolsillo de los españoles, propuestas la mayoría de ellas tan cacareadas como incumplidas por el PP? ¿Cuándo se protegerá la labor de los creadores, escritores, artistas y músicos, evitándonos el bochorno logrado desde el 2011 por el PP de incluir a España en la lista negra mundial de países donde no se respeta la propiedad intelectual? ¿Cuándo se desarrollará una reforma electoral que abogue por las listas abiertas, permitiendo a un candidato presentarse para un cargo sin la obligación de militar en un partido político, y con la misma, respetar el voto en blanco como crítica y disconformidad con la oferta electoral, en lugar de consentir su aprovechamiento inmoral e ilegítimo, rapiñado por la lista más votada?
Está claro que en un Estado de derecho toda norma, particularmente cuando se adorna de un concepto como “seguridad ciudadana”, debe esencialmente defender los intereses de la mayoría sin menoscabo de proteger a las minorías, pero a lo que se ve esta legislación está más cerca de constreñir al pueblo para perpetuar los privilegios de la camarilla que mangonea en toda la Administración, que de satisfacer las necesidades de seguridad de la mayoría de los españoles. El gran problema de España es que no necesita aprobar más leyes sino que de una vez se cumplan las más que sobradas ya existentes.
