Dejando al margen la cuestión de que, si todas las fricciones entre el Gobierno de España y el de Cataluña se pudieran solucionar con una reforma constitucional -lo que no deja claro por qué en la próxima legislatura se puede deshacer el entuerto pero no en la actual-, Rajoy plantea una reforma de la Carta Magna con tanta ceremonia como si se fuera a desflorar a una princesa medieval, cuando la realidad es que se aproxima más a una meretriz revenida a Celestina. Y no porque la homenajeada no pugne por mantener su pureza, sino porque la mayoría de los gobiernos de las distintas legislaturas se han empeñado en fornicarla por consenso.
Completamente en sintonía con el jefe del Ejecutivo, las cosas públicas que afectan a España no pueden decidirlas unos pocos, como él afirma para Cataluña, por lo tanto aquellas otras que interesan al conjunto de la ciudadanía, como es una reforma constitucional, no deberían poder efectuarse por la decisión de un grupo de menos de trescientos cincuenta españoles, que sientan sus posaderas en los escaños del hemiciclo.
Pero por desgracia esto es lo que ha sucedido con la Constitución española, a la que se le ha puesto una buena nómina de parches, añadidos y enmiendas, sin que quienes la aprobaron decidieran nada. Todas las reformas de la norma fundamental del Estado se han llevado a cabo por iniciativa de un grupo parlamentario y a espaldas de los votantes, ya que en ningún momento incorporaron tal eventualidad en su propuesta electoral, lo que de algún modo legitimaría la reforma por apoyo tácito de una mayoría. Lejos de ello, la única ocasión en la que eso se sugirió fue para establecer el techo de gasto de la administración pública.
Parafraseando al presidente del Gobierno en su planteamiento legal del independentismo catalán, la Constitución española es algo muy serio, y no debería poder ser modificada por unos pocos. Debe ser una decisión de toda la ciudadanía.
No entender esto, o permitir que un partido, con la ayuda de otra formación política, hurguen en el texto constitucional, excluyendo el refrendo de la ciudadanía, supone exponerse a que, por consenso político, se pueda llegar al golpe de estado técnico. No es que la Constitución sea sagrada e intocable, al contrario, debe evolucionar a la par que el país, pero cualquier modificación sólo puede ser ser legítima exclusivamente sancionada por sufragio universal.
