El dióxido de oxígeno es la molécula que nos permite a todos vivir bajo el paraguas del ozono, es decir, bajo el mismo techo. A estas alturas el Gobierno central y el de Cataluña ya andan a hostia limpia, o cuando menos hay quien anda calentando el ambiente para que los españoles estén confrontados, obviando que catalanes hay tantos, tan variados, y de pensamientos tan distintos como españoles pululan por el mundo.
A estas alturas de la confrontación gubernamental, que no del resto de españoles, habría que preguntarse dónde se gestó esta nueva reivindicación soberanista, fraguada a la sazón en los primeros estadios de la crisis económica y que, lejos de enfrentar al conjunto de los ciudadanos, apenas atañe a unos políticos que se dedican a sembrar el odio entre españoles ante su incompetencia, no por ignorar la forma de solucionarlo, sino motivados sólo por sus intereses personales y políticos. La cuestión que han esforzado en querer convertir en general cuando sólo atañe al Gobierno central y al Govern, no se dirime en la aplicación del artículo 155 como tampoco en la amenaza a los independentistas catalanes coaccionados con acusaciones por la vía penal, que ninguna relación guardan con la disputa, sino en analizar por qué la Fiscalía General del Estado no inicia un proceso por sedición, cuya respuesta es simplemente que no puede.
Pero en este choque de trenes entre el Gobierno central y el autonómico se obvia como siempre al tercero en discordia, el ala dura del nacionalismo españolista, una minoría muy bien posicionada que postula una España ensamblada donde las autonomías, otrora regiones, se subyuguen a Madrid en lugar de coexistir como territorios en igualdad de condiciones, es decir, la anacrónica visión de los de la capital contra el resto, los provincianos, en un mapa donde habiten ciudadanos de primera y segunda categoría.
A estos ultranacionalistas también hay que reclamarles que no hayan movido un solo dedo para mantener a Barcelona integrada en España, aspirando a una Cataluña sometida. He ahí el dilema. El trasfondo no es la convocatoria electoral, que va por la segunda y de la primera ni caso. Ni si habrá urnas o papeletas, que a fin de cuentas siempre queda la opción de votar a mano alzada. El inconveniente no está en las medidas legales, más o menos cuestionables, que tomen ambas partes, ni tan siquiera si el saldo es la ocupación de Cataluña por las Fuerzas Armadas españolas. No, está tan delante que nadie lo ve. El problema no es el día 1 de octubre con sus papeletas, cabreos, desacuerdos, elecciones, urnas u hostias, sino en el 2, el día después, porque sea cual sea el resultado, integradas, secesionadas, sometidas, enfadadas, separadas o bailando la sardana, el cante jondo o la muiñeira, España y Cataluña, sus gobiernos y ciudadanos, están condenados a convivir y entenderse, poniendo de relieve la penosa gestión del conflicto.
No se trata de discernir la conveniencia o legitimidad de la integración frente a la autodeterminación, sino de la mutua incapacidad desde la postura extremista del Ejecutivo y el Govern para ponerse de acuerdo, exhortando un pulso para ver quién tiene la razón. Quizá Madrid debería reclamar un referéndum para conocer de primera mano la opinión de los catalanes, convocando un plebiscito nacional para saber lo que piensa la ciudadanía de la independencia catalana, manejando información veraz y fiable se podría dar solución al conflicto, dando un balón de oxígeno para que ambos contendientes lleguen a un acuerdo
Porque el eje del asunto, lejos de una reivindicación territorial, es de naturaleza económica. La solución no está en la agresión o insulto sistemático e institucionalizado sino en el diálogo que busque el muto beneficio lejos de la pataleta y la imposición, porque como dijo el escritor y economista alemán Ernst Friedrich Schumacher, es doblemente quimérico construir la paz sobre fundamentos económicos que, al mismo tiempo, descansan sobre el fomento sistemático de la codicia y la envidia, fuerzas que verdaderamente sumergen al hombre en un estado de conflicto.
