Cuánto bien le hizo al país el programa infantil Barrio Sésamo, explicando de manera sencilla y amena la diferencia entre dentro y fuera, términos que a todos los efectos suenan prácticamente igual, lo mismo en Televisión Española que en el canal autonómico catalán.
Ya en el interior de la alcancía están las telarañas, que no los cuartos, de un depuesto Govern que, pese a todo, continúa su huida hacia adelante empujando al Ejecutivo a nuevos posicionamientos, con una hoja de ruta que, a poco que se analice, ya estaba de antemano más que meditada.
Muchos son los que se preguntan por el sin sentido de porfiar en sus trece, con un desafío que anuncia de antemano la crónica de una muerte anunciada para una más que efímera República Independiente de Cataluña.
La explicación es más simple de lo que aparenta: financiarse y romper con el lazo que le une a un Ministerio de Justicia que persigue a la jerarquía política catalana por enriquecimiento ilícito, y a los libres designados mayores e intermedios por sucesivos e incontables delitos dentro del marco jurídico vigente.
Por un lado está la acuciante deuda que ya antes de iniciar su aventura soberanista, la Generalidad acumulaba por importe de 70.000 millones de euros, bajo la atenta mirada de Moody's, Standard&Poor's y Fitch, agencias del Rating o calificación de deuda, valorando el pagaré catalán como bono basura y dando al traste con su empréstito.
Con las arcas exhaustas, una manifiesta incapacidad para satisfacer la nómina de los funcionarios y en una aparente oposición impidiendo el registro de la sede regional —aunque aceptándolo con la boca pequeña—, el Parlament asumió la intervención de su erario por parte del Ministerio de Hacienda, después de obligar a la banca privada a abonar dos mensualidades de los trabajadores públicos.
Uniendo a la ruina económica la institucional y bajo la seria amenaza de penas de cárcel para los más importantes cargos de libre designación, el ala soberanista del Parlament proclamó unilateralmente la independencia después de un más que accidentado y discutible plebiscito, anulado y prohibido por el Tribunal Constitucional.
Con su negativa a acatar la disolución de las cortes autonómicas, de manera interesada empuja al Gobierno Central al peor de los escenarios: una intervención militar que obedece a la última vuelta de tuerca de la estrategia de la coalición secesionista.
¿Qué puede hacer, o cuál sería el saldo de la ocupación por parte del ejército Español, compuesto por un total de 20.244 individuos formando el personal civil, 121.607 militares en activo y 4.065 reservistas voluntarios, frente a una población de 7.448.332 habitantes de los que el 56,58% se decantaron en las últimas elecciones autonómicas a favor de los grupos independentistas? Pues obtener un estatus análogo al que en su momento reclamó Bosnia-Herzegovina, obligando a la Asamblea General de Naciones Unidas a aprobar una resolución para preguntar a la Corte Internacional de Justicia si la Declaración de Independencia de Cataluña es compatible con el derecho internacional, argumentando la ocupación militar de Cataluña.
¿Y todo para qué? Pues para que los del 3% se vayan a sus casas sin pernoctar en Soto del Real, mientras el resto de los catalanes quedan alienados al PPME, grupo que según las instituciones multilaterales corresponde con el de los Países Pobres y Muy Endeudados.
