Medio planeta está que trina por las sucesivas órdenes ejecutivas del recién estrenado presidente Donald Trump. Los que más, en particular refugiados, haciéndose de cruces con la suspensión de visados para entrar en suelo americano -eventualmente revocada por el juez federal James Robart-, consternados ante la amenaza de incrementar las deportaciones y afianzar el muro fronterizo Estados Unidos-México. Iniciada en 1994 por el progresista Bill Clinton, la valla incluye tres barreras de contención y todo un despliegue de medios tecnológicos como detectores de movimiento, iluminación de alta intensidad o equipos de visión nocturna, además de vigilancia permanente con vehículos todoterreno y helicópteros dotados de cohetes, misiles y un cañón automático.
Levantado originariamente en la divisoria Tijuana-San Diego, entre México y California, bajo el programa Operación Guardián de lucha contra la inmigración ilegal, durante la Administración del también reformista Obama se extendió hasta alcanzar los 3.180 km de longitud a lo largo de los Estados de Sonora, Baja California, Arizona y Nuevo México.
Frecuentada por espaldas mojadas y coyotes, la frontera es objeto de asalto constante por inmigrantes que, procedentes del país azteca y Centroamérica, intentan a diario cruzarla por los pasos más peligrosos, con un saldo de más de 10.000 muertes desde su fundación. La misión esencial de este sistema fronterizo no es impedir el ingreso a Estados Unidos, sino poder acoger con plenas garantías a quienes llegan al país, dispensándoles trabajo, asistencia sanitaria, escolar, social, etc.
La cifra de deportados entre 2009 y 2015 fue de 2.768.357, y entre el 1 de Agosto de 2016 y el 20 de Enero de 2017, es decir, los diez últimos meses del mandato de Obama, la cantidad de expulsados alcanzó a 196.497 individuos.
Salvando la proporcionalidad, España dispone de un muro construido en 1998 por los gobiernos español, marroquí y la Unión Europea. Con un perímetro de 12 kilómetros y 6 metros de alto en factura de acero, alambre de espino, cuchillas y verja antitrepa, la valla de Melilla apenas difiere de la estadounidense por su extensión.
Desde que en 2014 se expulsó a 9.410 expatriados la cifra anual ha ido en aumento, destinando las autoridades españolas 12 millones de euros en el bienio 2016-17 para deportar a miles de irregulares, liderando la UE con un número que supera los 30.000 expatriados en los últimos años, a los que hay que sumar idética cifra de fallecidos al intentar entrar en España por tierra o mar.
La diferencia de los medios para el control de la emigración ilegal entre América y España se limita a que en la primera, además de cruzar el muro aterrizan sobre todo en sus aeropuertos mientras en España, a la valla y los visados para futuros ilegales camuflados de turista, se le suman pateras y todos los vehículos que, atravesando la aduana de África, trafican con personas en las condiciones más adversas e inverosímiles. La disparidad en los guarismos se justifica en que Estados Unidos acoge una población estimada de unos 325 millones de habitantes frente a los 45 de España, y 12.219 km de frontera en contraste con los 1.963 km españoles.
Lo único que de verdad cuesta comprender es por qué se consideran indecentes las iniciativas de Donald Trump mientras Europa en Indomeni y España en Melilla llevan idéntica trayectoria justificando su alambrada porque, como dijo Cicerón, la sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil ya es de por sí inmoral.
