Tanto en Moncloa como en Ferraz analizaron el texto del derecho y del revés, y se centraron sobre todo en el último párrafo de la carta que Puigdemont había enviado a Rajoy minutos antes: “Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre”.
De esas palabras se podría deducir que el presidente de la Generalitat advertía de que no se había aprobado la independencia a pesar de que, al haberla suspendido, asumía que era un hecho porque consideraba válido el resultado del referéndum. Pero además otras líneas de la carta fueron interpretadas muy desfavorablemente: las que denunciaban la represión que sufría Cataluña y mencionaba como ejemplo de esa represión las detenciones de los dirigentes de Omniun y la ANC. Puigdemont seguía sin aceptar la separación de poderes.
Rajoy se ha mantenido permanentemente en contacto con Pedro Sánchez y con Rivera, pero la preparación del texto que se enviará al Senado la está haciendo el Gobierno con el PSOE. Pedro Sánchez y Rajoy coinciden en que la aplicación del 155 hay que hacerla con la máxima cautela para evitar males mayores, mientras que Rivera apuesta por tomar decisiones rápidas y contundentes. PSOE y Gobierno analizan todas las posibles situaciones que se pueden producir en Cataluña tras el anuncio de la activación del 155 –encierro de los independentistas en el Parlamento, toma de sedes institucionales y centros de comunicación, cierres masivos de comercios, asaltos de empresas que han anunciado su deslocalización, bloqueo de internet, violencia callejera, insumisión de funcionarios, incautación de documentos…- y quieren que las medidas que se apliquen sean viables, útiles, y que no provoquen el caos.
En ese sentido, ha molestado especialmente en Moncloa y en Ferraz la moción parlamentaria de Rivera sobre el adoctrinamiento en las escuelas y las universidades de Cataluña, porque no era el momento. La intervención del Estado en la gobernación de Cataluña en aplicación del 155 significa - y Rivera lo debería saber- que se obligará a cumplir la ley, por lo que el 25% de las materias se deben impartir en castellano y los libros de textos serán ser revisados por la inspección.
Rivera es informado por el propio Rajoy o por Sáenz de María de todo lo relacionado con la puesta en marcha del 155, pero esa puesta en marcha la preparan por una parte Soraya Sáenz de Santamaría con el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y por la otra la exministra y miembro de la Ejecutiva socialista, Carmen Calvo, catedrática de Derecho Constitucional, y la parlamentaria y también miembro de la Ejecutiva del PSOE Maritxell Batet, catalana y curtida en negociaciones de todo tipo. Hay otro político socialista puntualmente informado de todo lo que se articula en Madrid, Miqel Iceta, secretario primero del PSC, con información privilegiada sobre lo que ocurre en Cataluña y que mantiene un contacto fluido con Sáenz de Santamaría desde hace meses y, por supuesto, con Pedro Sánchez, que tiene en buen concepto a Iceta, por su experiencia política de décadas y además porque fue de los pocos dirigentes que apostó por él en la peor de la situaciones.
ELECCIONES A CORTO PLAZO
En la puesta en marcha del artículo 155, complicada puesta en marcha porque es la primera vez que se aplica y además la Constitución ha sido tan flexible que no concreta qué campos pueden ser intervenidos en caso de no cumplimiento de las responsabilidades del gobierno autonómico ante el que hay que actuar.
Se ha tenido en cuenta que Puigdemont podía convocar elecciones antes de que entrara en vigor el 155, y no preocupa excesivamente, porque de esa manera se clarificaría el panorama. Siempre que no se volviera a producir el mismo escenario, evidentemente. Lo idóneo era dejar transcurrir unos meses para que los independentistas no aprovecharan la movilización callejera y el rebufo de la tan publicitada “represión española” y la “heroicidad” de quienes no se han “plegado” a esa represión. Convendría celebrarlas con un mínimo de tiempo necesario para serenar los ánimos y para que los votantes tibios ante el independentismo asumieran las dificultades para sobrevivir en una Cataluña separada de España … y de la UE, con los mercados exteriores inalcanzables, y con una Generalitat imposibilitada de asumir económicamente sus gastos. Por no hablar de que esa situación conllevaría un incremento del paro a muy corto plazo.
Lo que han buscado gobierno y PSOE es una fecha próxima pero no inmediata y es seguro que los tres partidos constitucionalistas van a poner toda la carne en el asador para que en la campaña electoral salgan a luz las consecuencias del independentismo y el engaño al pueblo catalán. Pero para que eso se produzca, es necesario no cometer ningún error, y el principal sería transmitir la imagen de que el 155 significa pisotear los derechos de los ciudadanos de Cataluña…
En la negociación sobre la aplicación del 155, Gobierno y PSOE analizaron todos los escenarios imaginables y coincidieron en que era indispensable mantener el control de la Hacienda catalana para impedir la malversación de fondos públicos e impedir que se destinaran a fomentar el independentismo y, segundo, asumir el Orden Público, lo que significa que los Mossos pasarán a depender del Ministerio de Interior.
Es lo que más preocupa, porque los datos que maneja el gobierno son dispares. Por una parte se les asegura que como cuerpo de seguridad obedecerán órdenes de sus nuevos superiores, pero llegan informaciones de que los independentistas se han dedicado a aleccionarlos contra el Estado y ese mensaje ha calado en sectores que no eran independentistas. Trapero es una persona admirada, a la que se respeta, y que se le presente como víctima de la represión no ayuda a que los Mossos estén dispuestos, en su totalidad, a aceptar un nuevo jefe.
control de los Mossos
Es un asunto delicado. Los Mossos cuentan con unos 17 mil miembros, bien preparados, y con armamento; parte considerado de guerra, como corresponde a un cuerpo policial. No se pueden cometer errores en el proceso de incorporarlos a defensores de la legalidad en aplicación del 155 porque, para muchos de ellos, la legalidad es la que emana de la Generalitat.
Es la primera vez desde que hay democracia que España se encuentra ante una situación de intento de escisión territorial. Situación de gravedad extrema, que puede ser irreversible si la respuesta es excesiva, equivocada en su planteamiento o exagerada en la represión. Daría alas al independentismo.
