El gobierno ha anunciado que esta semana presentará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Con escasas posibilidades de éxito que reconoce el propio gobierno que, en contra de lo que defendía hasta ahora, ya admite que si no cuenta con el respaldo necesario, prorrogará los anteriores, los de Rajoy, e irá bandeándose como pueda y hasta que pueda.
Pero eso significa no solo una rectificación, habitual en el mundo de Sánchez –hasta ahora amenazaba con convocar elecciones si no conseguía aprobar los PGE- , sino que la mayoría de sus propuestas, incluidas algunas importantes que hizo Rajoy y que fueron muy bien recibidas por los colectivos afectados, no podrán cumplirse. Lo que provocará frustración y, probablemente, manifestaciones de protesta.
A todo presidente le preocupa no sacar adelante los Presupuestos, y Sánchez no es una excepción. Se trata de la ley más importante de un gobierno, el que permite o bloquea su proyecto y se comprende por tanto que el presidente esté haciendo equilibrios malabares para conseguir el respaldo necesario. Ha ocurrido siempre. Forma parte de la historia de este país que los nacionalistas negocien su apoyo como si se tratara de un zoco, con regateo incluido hasta acordar la cifra que pagaría el gobierno a la región de los diputados votantes.
Pero en esta ocasión no se puede hablar de regateo, sino de chantaje con todas las letras al conocer perfectamente los otros partidos que sus votos son indispensables por la minoría pírrica con la que gobierna Sánchez.
Es chantaje porque lo que exigen a Sánchez va contra la ley y contra la Constitución, o se trata de propuestas que ningún gobierno serio puede admitir. Referéndum, o voto en contra; reforma constitucional, o voto en contra; salida de los políticos de prisión, o voto en contra. Inadmisible.
Tampoco Pablo Iglesias se queda muy atrás en su desafío-chantaje. Ha presentado unas propuestas de imposible cumplimiento, no por ilegales, sino porque España iría directamente a la quiebra. Como bien saben los chavistas a los que asesoró Podemos. El sentido de Estado de Iglesias es inexistente, mientras su demagogia no tiene límite, lo que es lo habitual en los populistas de derecha y de izquierda. Iglesias propone ayudas que entusiasman a los sectores más desfavorecidos, que sueñan ya con salarios mínimos que para sí quisieran los mileuristas, subvenciones sin límite, plan contra la pobreza por valor de 20 mil millones de euros, que los ayuntamientos controlen el alquiler de viviendas, fiscalidad que dejará temblando no a los ricos sino a las clases medias… Difícil que un gobierno responsable se pliegue a esas condiciones, que llevarían al país a la ruina.
Además no las aceptaría el FMI ni la UE a los que, a pesar de todo, debemos un alto porcentaje de nuestro Estado del bienestar.
Las negociaciones continúan pero, si las amenazas llevan al gobierno a conceder en su momento dádivas insostenibles, hay que echarse a temblar.
