Opinión

El caso Zaplana

Enfermo de leucemia, con un trasplante de médula realizado hace tres años, en prisión preventiva desde hace ocho meses por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas. Preventiva, no hay sentencia judicial que determine si efectivamente Eduardo Zaplana ha cometido los delitos de los que se le acusa: blanqueo de dinero, malversación y prevaricación.

El ex ministro de Trabajo fue internado en la prisión de Picassent a pesar de que sus médicos pidieron que se le permitiera cumplir la prisión preventiva en su domicilio por su delicada salud. La juez que le tocó en suerte, en mala suerte, no aceptó la petición de los médicos y dijo que estaba perfectamente atendido en la cárcel. Su situación se agravó de tal manera que tuvo que ser llevado al hospital La Fe, donde se le está atendiendo, pero la juez ha dado la orden de que ingrese nuevamente a prisión. 

De nada vale que los médicos hayan afirmado que si regresa a prisión peligre su vida, la juez Rodríguez ha advertido que tomará medidas si Zaplana no es conducido a Picassent. Su familia no ha podido visitarle en el hospital –hasta cierto punto es lógico en su estado-, tampoco el sacerdote del hospital –también puede ser lógico-, pero son los médicos los que deberían tener la última palabra. Determinar si efectivamente está en condiciones de recibir visitas -hace un año se acondicionó una vivienda para mantenerle aislado, aunque con su familia allí mismo- y desde luego deberían tener la última palabra respecto a la conveniencia de ingresarlo otra vez en prisión. Sin embargo esa juez que consideró adecuado dejar su puesto de trabajo durante año y medio por depresión, se niega a que un hombre con leucemia y un trasplante de médula, que se consume por momentos, pueda permanecer en un hospital recibiendo el tratamiento adecuado. Riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. ¿Riesgo de prisión cuando apenas puede mantenerse en pie? ¿Destrucción de pruebas cuando lleva ocho meses en prisión preventiva? Preventiva, hay que insistir en ello, ningún tribunal ha dictado sentencia.

Hace tiempo que ciertos jueces dan motivos sobrados para desconfiar de la obligada imparcialidad de la Justicia. Son pocos, pero han hecho un daño irreparable a la independencia que se debe tener en el poder judicial. Convicciones ideológicas o morales, que nunca deberían interferir en decisiones judiciales, han provocado sentencias de auténtico escándalo. En este caso es una cuestión humanitaria la que pone en entredicho la actuación de la juez Rodríguez, que se niega a aceptar los informes médicos que alertan sobre la situación extrema que vive el ex ministro.

Algo tendría que decir el Consejo General del Poder Judicial. Para eso está, no solo para decidir sobre nombramientos. 

Lo peor que le puede ocurrir a la Justicia es que exista la sensación generalizada de que se produce revanchismo o trato de favor según a quién se imparta y quién la imparta.

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