Tras seis años de instrucción en los que la juez Alaya se convirtió en heroína para unos, y para otros en una profesional desbordada por los hechos, comienza el juicio de los ERE que sentará en el banquillo a 22 personas, entre ellas dos expresidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Giñán, que fueron también presidentes de la Junta de Andalucía. El segundo en una situación más delicada que su predecesor, pues Griñán se encuentra imputado por un delito de malversación de fondos públicos, lo que lleva aparejado años de prisión. No por su trayectoria como presidente, sino como consejero de Hacienda, pues considera la instrucción que cuando ocupó ese cargo tenía la responsabilidad de vigilar las actuaciones de sus subordinados, una actuaciones que en algunos de los casos juzgados se consideran presuntamente constitutivas de delito.
El caso de los ERE se considera el de mayor corrupción política institucionalizada ocurrido en España, y aunque algunos medios lo cifran en unos 2 mil millones de euros estafados que estuvieron destinados a engrosar las cuentas de varios altos cargos y a financiar al PSOE, la Fiscalía lo cifra en algo de menos de 800 millones y en el caso de los expresidentes no considera que se hayan lucrado personalmente de la red de falsos ERE que se creó desde la Junta.. Red ilegal, con reparto de dinero público con el que se financiaron falsos ERE para personas vinculadas al PSOE, que de acuerdo con varias de las empresas que realizaban regulaciones de empleo por su difícil situación financiera, eran considerados trabajadores de esas empresas para poder ser incluidos en las ayudas oficiales.
Los fondos, además de destinarse a los ERE, engrosaban las cuentas de algunos de los que crearon esa red fraudulenta, y también sirvieron para pagar a comisionistas e intermediarios.
El informe de la Intervención General del Estado es demoledor, y para el PSOE el juicio de los ERE va a ser un mal trago que se prolongará durante meses.
El comportamiento con Chaves y Griñán ha sido de cautela extrema, lo que no favorece a los expresidentes, cuyo partido no les ha ofrecido el apoyo incondicional que además de aliviar su estado de ánimo habría lanzado un mensaje a los ciudadanos de que confiaba en la inocencia de quienes han sido dos personas de la máxima relevancia en la historia del partido.
Comienza por tanto un juicio mediática y políticamente de la máxima relevancia, que incidirá en las diferencias profundas que hoy existen entre Ferraz y Sevilla, y que se celebra cuando existe un hartazgo generalizado por los muchos casos de corrupción.
Quizá el caso de los ERE no lo sea tal como lo percibe la opinión pública, algo que dirimirán en su caso los jueces… pero esa percepción es totalmente dañina y los socialistas son conscientes de que se inicia una etapa dura en la que la palabra corrupción se pronunciará en todas las lenguas.
