La jefa es Soraya Sáenz de Santamaría, a quien Rajoy ha encargado en esta legislatura las relaciones con los gobiernos autonómicos, y a la vicepresidenta corresponde por tanto el peso de las negociaciones con la Generalitat de Cataluña. Negociaciones que Puigdemont niega y, cuando se le menciona su almuerzo con Rajoy en Moncloa o los que ha mantenido Soraya con su vicepresidente Oriol Junqueras, dice que se trata de conversaciones, no de negociaciones.
Dos ministros forman parte también del grupo de dirigentes que tienen como prioridad analizar, supervisar y tomar decisiones respecto al problema del independentismo catalán: el titular de Justicia, Rafael Catalá que ya en el primer consejo de ministros al que acudió, recién nombrado, tuvo que presentar un informe sobre una Cataluña que días después, el 9 de noviembre de 2014, celebraba una consulta ilegal; el segundo ministro con un ojo puesto en Cataluña es Juan Ignacio Zoido, el de Interior, a quien cabría la responsabilidad de dar las instrucciones para intervenir en el caso de que fuera necesario imponer la ley a través de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
A ese frente antiindependentista, o Estado Mayor antiindependentista, como le llama un miembro del gobierno, se han sumado el Abogado General del Estado EugenioLópez, el Fiscal General del Estado José Manuel Maza, el Secretarios de Estado para las Administraciones Públicas Roberto Bermúdez de Castro, el delegado del Gobierno en Cataluña Enrique Millo y, en otro nivel más sutil, de aproximación hacia sectores de la sociedad catalana que conoce muy bien, el Jefe de Gabinete del Presidente, Jorge Moragas.
A través de iniciativas y encargos surgidos de las reuniones a las que convoca Soraya Sáenz de Santamaría, o bien porque la propia vicepresidente encarga a uno de ellos una labor específica en un momento determinado, ese grupo de dirigentes políticos y profesionales de la administración de la Justicia llevan sobre sus hombros el peso de plantar cara al desafío independentista capitaneado por Artur Mas y por Carles Puigdemont.
EL PAPEL DE JUNQUERAS
Hasta hace pocas semanas pensaba este grupo que Oriol Junqueras no formaba parte del ala dura e inflexible del independentismo a pesar de que nunca ha renunciado a lo que ha sido prioridad absoluta en su carrera política; pero se le veía menos empecinado que Mas y Puigdemont respecto a la celebración del referéndum, que consideraba que podía dejarse temporalmente aparcado mientras se avanzaba en cuestiones que reivindican los catalanes desde hace años, como mayores competencias, trato diferenciado respecto a otras comunidades autonómicas, o una política fiscal similar a la del País Vasco, con un cupo negociado con el gobierno central y que el gobierno vasco administra.
Junqueras sin embargo ha adoptado en los últimos tiempos la misma actitud de intransigencia que el resto del gobierno catalán, con prioridad absoluta para la celebración del referéndum, que antes defendía que debía ser pactado previamente para que fuera legal, y que hoy ya acepta que se celebre aunque no exista ninguna posibilidad de que tenga cabida en las leyes o en la actual Constitución.
Ese grupo que dirige Sáenz de Santamaría aunque no se trata de un equipo formal, institucionalizado, ha analizado todos los escenarios posibles. Todos. Y explican que tienen carpetas abiertas para cada uno de esos escenarios, para todas y cada una de los pasos que pueda dar el gobierno de la Generalitat.
Por otra parte, a través de Millo, que ha sido portavoz parlamentario del PP en la Cámara catalana y mantiene muy buenas relaciones con dirigentes de otros partidos y que conoce en profundidad la sociedad catalana, al despacho de la vicepresidenta llega información puntual de lo que se respira en Cataluña. Y un dato muy relevante que Puigdemont no ha tenido excesivamente en cuenta: el 80 por ciento de los catalanes son propietarios de algo y empieza a calar la idea de que en contra de lo que dice la Generalitat, la independencia supondría la salida inmediata de la UE… con todo lo que eso significa para la economía y para los negocios.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
La vicepresidenta quiere, entre otras iniciativas, echar por tierra la estrategia de los independentistas, que han utilizado con éxito mensajes muy repetitivos: España nos roba, España no quiere dialogar, España no respeta nuestra identidad.
Ante esas acusaciones, los viajes de miembros del gobierno son constantes a Cataluña, sobre todo las de la propia Soraya, se entrevista allí –no en Madrid- con personalidades de muy distinto signo, mantiene un diálogo fluido con Junqueras como vicepresidente… y además no pierden ocasión Soraya y los ministros de recordar a los catalanes que España , no solo no les roba, sino que España paga sus pensiones, a sus funcionarios, su sanidad y los servicios sociales. Y que si no fuera por el dinero que el gobierno destina a Cataluña, esa comunidad estaría en quiebra.
Rajoy, que habla prácticamente a diario con Soraya sobre cómo va el diálogo con las autoridades catalanes y conoce el contenido de la respuesta legal que se puede dar a cualquier tipo de iniciativa independentista, preparó un encuentro con Puigdemont que el presidente catalán quiso que fuera secreto. Almorzaron en Moncloa, y Rajoy solo informó a Soraya de esa reunión. El diálogo fue educado, cordial, pero inútil desde el punto de vista del acercamiento, con un Puigdemont empeñado en el referéndum y Rajoy empeñado en que no se iba a celebrar. La filtración se produjo desde la Generalitat, en Moncloa no tienen la menor duda. Sin embargo esa filtración no fue buena para Puigdemont: echaba por tierra su argumento de que el presidente español se negaba a dialogar.
¿Qué respuesta prepara el gobierno a una convocatoria de referéndum? Dan pocas pistas, excepto una: no se va a celebrar. En ninguna circunstancia. Por una cuestión legal y porque no quieren dar bazas a quienes critican a Rajoy –incluso desde su propio partido- acusándole de debilidad por no bloquear la consulta del 9-N. No va a haber referéndum, insisten una y otra vez, en público y en privado. Responderán con la Ley, con el Constitucional como hicieron con la consulta, pero saben que ya no es una medida suficiente, así que no descartan que haya que recurrir, en último extremo, a la permite la Constitución: la aplicación del artículo 155 que en circunstancias especiales perfectamente descritas permite al gobierno central asumir competencias que retira al gobierno “rebelde”.
No les temblará la mano, aunque intentarán otro tipo de actuaciones antes de llegar a ésa. Rajoy, decía un miembro de su gobierno, es un apasionado del deporte que no va a permitir que los independentistas metan un gol a los españoles.
