Hace cuatro días, Puigdemont exigió en la sede del parlamento catalán que el gobierno explicara si pensaba hacer uso de la fuerza para impedir la celebración del referéndum.
Inmediatamente Soraya Sáenz de Santamaría dio instrucción a los miembros del gobierno de que no dieran ningún tipo de respuesta al presidente catalán. Ni una declaración, ni un comentario. No se podía entrar en el juego de la provocación. Que es constante desde la parte independentista, aunque no sea más que para mantener la estrategia del titular diario, que mantiene vivo el espíritu independentista aunque el apoyo popular es cada vez menor según informa el CEO, el centro de análisis de la Generalitat.
Una de las decisiones de Puigdemont que demuestran que da prioridad a lo que llaman “procés” frente a los intereses catalanes es que en otoño comienza la negociación del gobierno central con los gobiernos regionales la futura financiación autonómica, y no se indicado todavía quién va a representar a la Generalitat en las reuniones. Asunto que no es menor, porque la ley recoge qué cantidades debe recibir cada comunidad en función de sus distintas singularidades, pero en esos encuentros cada representante autonómico trata de forzar la mano del ministerio de Hacienda para conseguir cantidades suplementarias destinadas a sectores muy concretos. Negociación similar a la de los partidos nacionalistas a los que se pide apoyo para determinadas iniciativas legislativas, como ha ocurrido esta misma semana con Nueva Canaria.
CARTA DE MONTORO
Ante la ausencia catalana, Montoro escribió una carta al presidente de la Generalitat reiterándole la importancia de enviar algún miembro de su equipo a las reuniones… y la respuesta ha sido tajante. La Generalitat de Cataluña no tiene la menor intención de negociar la financiación autonómica. Un indicio de cómo se las gasta Carles Puigdemont en sus relaciones con el gobierno central. Relaciones que pueden darse por rotas, porque el presidente solo tiene un empeño, proclamar la república independiente de Cataluña. Y la prioridad del gobierno es abortar esa iniciativa y hacer cumplir la ley.
El problema paras Puigdemont es que no solo tiene abierto el frente gubernamental, sino que en los propios partidos catalanes no encuentra el respaldo que pretendía.
Esta semana ha convocado a los partidos independentistas, o que considera independentistas (los que tienen representación parlamentaria con excepción de Ciudadanos, PSC y PP) y ha encontrado varias sillas vacías. El único apoyo incondicional es el de la CUP, que sufre tensiones internas y solo se mantiene unido en su afán de torcer el brazo a Puigdemont para que convoque el referéndum y lleve al parlamento la ley de transitoriedad. El partido de Ada Colau, En Comú, no defiende la independencia pero sí la celebración del referéndum, pero en la envenenada situación actual Colau se pone cada vez más de perfil pues se ha dado cuenta de que su fuerza está en la alcaldía de Barcelona y no quiere tomar ninguna decisión que ponga en peligro su continuidad.
Puigdemont se ha fijado entonces en Rafael Domenech, el portavoz en el Congreso de En Comú, al que invitó a participar en la reunión, pero también Domenech, un hombre que sube enteros en la política y que cuenta con el respeto de otros partidos de la Cámara, no solo de Podemos, tampoco está por la labor de sumarse a un proyecto independentista que ni comparte ideológicamente ni favorece a su partido sino todo lo contrario.
LA ESTRATEGIA DE DAVID MADÍ
Por otra parte, en el PDeCAT, siglas de la refundada CDC, un sector cada vez más relevante de sus militantes quiere romper amarras con el pasado, representado fundamentalmente por un Artur Mas muy “tocado” por sus vinculaciones con la familia Pujol y con los personajes protagonistas del caso Palau, lo que hace pensar que no se encuentra muy alejado de los focos de corrupción. Destacados miembros de PDeCAT marcan distancias abiertamente con Mas y Puigdemont, a los que ni les salen las cuentas, ni consiguen el respaldo internacional que buscaban, y además empiezan a encontrar una seria contestación ciudadana porque ven que los problemas del día a día han pasado a segundo plano al volcarse el gobierno catalán en el “procés”. Empiezan a ver además que ese camino está perjudicando seriamente a su economía y tejido empresarial.
Mas y Puigdemont, cuentan en la Cataluña política, tienen ahora como estratega a quien fue responsable de comunicación y estrategia política de Artur Mas cuando era presidente de la Generalitat, David Madí. De la misma manera que no consiguió entonces que Mas se mantuviera al frente del gobierno autonómico ni consiguió que su partido CDC fuera visto como un partido ajeno a las prácticas corruptas, más bien todo lo contrario, tampoco ahora está logrando que el ex presidente y el actual presidente sean considerados unos políticos solventes.
La prueba es que a medida que avanza el tiempo, a pesar de su obsesión por anunciar permanentemente que se celebrará el referéndum, el escepticismo es cada vez mayor. Entre otras razones porque el partido por excelencia independentista, ERC, con años de historia de independentismo a sus espaldas, no está demostrando con los hechos que defienden al cien por cien el proyecto de Mas y Puigdemont. Independencia sí, pero no a cualquier precio. No a costa de una ruptura a cara de perro en la que la Cataluña independentista encontraría serias dificultades para sobrevivir (pocos catalanes por ejemplo pagarían a una Hacienda catalana si la española no cede sus competencias-) y además los estados que se imponen a través de la ilegalidad nunca han salido adelante.
