En otros tiempos, in illo tempore, los gobiernos a la espera de ser renovados o de finalizar sus mandatos aprovechaban los días de prórroga para adjudicar frecuencias de frecuencia modulada y de televisión.
Se les llamaba de todo menos bonitos, se les acusaba de ventajismo, de favorecer a los suyos -convirtieron a cargos eventuales en fijos de forma discriminatoria- y de tomarse la ética y la estética a título de inventario. Pedro Sánchez va mucho más allá en su actitud contraria a las mencionadas ética y estética, y utiliza las semanas previas a las elecciones para hacer electoralismo puro y duro, una sinvergonzonería se mire por donde se mire, que jamás había tenido precedente en una España que durante décadas fue ejemplo en el que se miraba el mundo y que hoy llena de indignación a los de dentro y de estupor a los de fuera. No se comprende que un gobernante haya caído tan bajo.
Miente sin un asomo de arrobo, le encanta la frase de que en ocho meses de gobierno ha tomado más iniciativas de tipo social que Rajoy en siete años. Incluso se ha apropiado de iniciativas de Rajoy, como la subida de pensiones, que coloca en la lista de las decisiones de su gobierno. Cuando el clamor popular, que no sus convicciones, le obligaron a dar marcha atrás ante las exigencias de los independentistas -que también aprovechó para hacerse pasar por un hombre de Estado, cuando la verdad es que reculó porque ni los suyos le amparaban- convocó elecciones. Pero se guardó un as en la manga para mantenerse en el poder después del 28-A: los decretos ley, todos ellos con iniciativas que llevan a España a la ruina pero que vende como propuestas que mejorarán sensiblemente la calidad de vida de los más desfavorecidos.
La Constitución es muy clara respecto a cuándo se puede recurrir al decreto ley, cuáles son las iniciativas parlamentarias que pueden tomar los gobiernos en funciones -que será como se encuentre el de Sánchez a partir del 28 de abril- y cuándo debe ser convocada la Diputación permanente del Congreso para aprobar las medidas del gobierno. Pero Pedro Sánchez vive al margen de las normas parlamentarias, de ahí que el PP pretenda acudir a los tribunales y a la Junta Electoral.
Es difícil que haya tiempo suficiente para que decidan antes de que se celebren las elecciones, así que a la oposición solo les queda el derecho al pataleo. Y a los españoles les queda la sensación de que después de ocho meses de un gobierno que ha defraudado incluso a la mayor parte de socialistas, quedan por delante meses de un gobierno que, cosa inaudita, hará campaña electoral a través de engañosos decretos ley.
Las adjudicaciones de frecuencias en el último minuto, que tanto escándalo provocaron, son nada en comparación con la desfachatez con la que Sánchez pretende ganar por primera vez unas elecciones.
