Opinión

La Justicia, en llamas

El lunes, jueces y fiscales irán a una huelga convocada por sus asociaciones. Exigen más medios para realizar su trabajo así como mejoras salariales. La Justicia está en llamas, pero no solo por lo que consideran  escasez de medios y precariedad salarial, que también, por eso  habrá  huelga; arde porque la sentencia del Supremo que se rectifica a sí mismo en el caso de los impuestos hipotecarios ha supuesto una conmoción generalizada por lo que significa de deterioro de la imagen del Supremo y de su presidente, Carlos Lesmes, cuyo mandato expira el próximo mes. Arde porque  cuando estaban con los ánimos exaltados, la incomodidad a flor de piel y la preocupación se adivinaba en cada rostro, el ambiente se envenenó hasta extremos nunca vistos  ante las negociaciones entre gobierno y PP para proceder a la obligada renovación del CSPJ, cuyo presidente es a la vez presidente del Tribunal Supremo.

El acuerdo, con el reparto de puestos, ha encendido a jueces y fiscales, a sus asociaciones y a los partidos del arco parlamentario que quedaron al margen de la negociación aunque corresponde  al Congreso  y al Senado aprobar los nombramientos. Y ha encendido también a los que partidos que protagonizaron la negociación, porque es visible tanto en el PSOE como en el PP  la discrepancia sobre el resultado de las negociaciones. Sobre todo en el PP, donde cuentan con el presidente del Consejo y por tanto del Tribunal Supremo, Manuel Marchena,  pero en cambio piden la mayoría en el Consejo. Si las negociaciones iniciales partieron del mismo número de miembros para PP y PSOE, 10, en el último minuto se acordó que el PP colocaba a Marchena en la presidencia a cambio de que los socialistas tuvieran un vocal más. Un sector importante del PSOE no comprende que se haya cedido la presidencia, y un sector importante del PP no comprende que se haya cedido la mayoría. Y la totalidad de los jueces y fiscales se sienten defraudados.

NEGOCIACIONES A DOS BANDAS

Las negociaciones entre la ministra Dolores Delgado y el ex ministro Rafael Catalá se iniciaron antes del verano. Se conocen hace mucho tiempo y desde luego nada  que ver ese clima con el que mantienen en público, agravado por el episodio de las cintas de Villarejo y la exigencia constante e insistente del PP de que debe dimitir como ministra. No ha intervenido en las negociaciones Ciudadanos, ya que es crítico con el sistema actual de elección de los miembros del CGPJ y ha propuesto fórmulas que considera más profesionales y menos políticas, y tampoco ha intervenido Podemos. Se ha manejado el dato de que había puesto sobre la mesa  el nombre de la juez canaria Victoria Rosell y que había sido rechazada por PSOE y PP. Tanto  el gobierno de Sánchez como Catalá aseguran que nunca Podemos ha propuesto a la jueza que, tiempos atrás, Podemos presentaba como segura ministra de Justicia en el gobierno de coalición que Iglesias esperaba alcanzar con el PSOE.  

No fue el nombre de Rosell objeto de negociación, aunque sí el de Ricardo Vázqueez de Prada, propuesto por el PSOE y “marcado” por el PP desde hace años, pero más aún desde que su actuación profesional provocó que el ex presidente Mariano Rajoy tuviera que comparecer ante el tribunal que investiga el caso Gürtel. Hasta el último momento confió Catalá en que el Psoe retirara el nombre de Vázquez de Prada, pero no fue así. El PSOE cedió al acceder que fuera Manuel Marchena el presidente del CGPJ y presidente del Supremo, y el PP a que el PSOE tuviera un vocal más  que rompía el “empate”.  

En el entorno de Pablo Casado, que fue el interlocutor directo de Catalá, se explica que Marchena es uno de los profesionales de más prestigio de la carrera, reconocido incluso por el propio PSOE -la ministra de Defensa Margarita Robles no oculta su admiración por el magistrado- y están convencidos de que su buen hacer se centrará en conseguir que las decisiones se tomen por consenso y sin que se repitan algunos espectáculos vividos en el pasado, cuando decisiones del Consejo de profundo calado se solventaban con votaciones en las que los miembros se manifestaban como interesaba a los partidos que los habían propuesto.

PABLO IGLESIAS EN MONCLOA

Pedro Sánchez, como gesto especial hacia su principal socio de gobierno, Pablo Iglesias, le pidió que acudiera a Moncloa el mismo día que se hacía pública la lista de los miembros del Consejo que se votarán en próximas fechas en el Congreso y en el Senado. El encuentro se celebró  cuando ya se conocía  el malestar que se vivía en el mundo judicial por lo que consideraba conchabeo inadmisible entre los dos grandes partidos para repartirse los sillones del Consejo. Como es lógico, el presidente e Iglesias  hablaron sobre las negociaciones y su resultado  negociaciones en las que Podemos estuvo al margen, -insistimos en ello, es una de las razones por las que el presidente pensó que debía informar a Iglesias sobre cómo se habían producido- pero hablaron también de otras cuestiones, entre ellas el futuro de los Presupuestos Generales del Estado y el eterno problema de Cataluña.  

Iglesias sugirió que no se informara sobre ese encuentro para no echar más leña al fuego judicial que se había provocado, y Sánchez estuvo de acuerdo. Sin embargo,  poco después de finalizar la entrevista, la noticia estaba en la calle y  Moncloa tiene la sensación de que se filtró desde Podemos. Un capítulo más de la estrategia de Pablo Iglesias, que molesta en Moncloa, en la que presume de mensajero del presidente de gobierno para tantear el terreno ante asunto delicados y, además, se pone medallas que según el gobierno no le corresponden.

En pocos días se elegirá el nuevo CGPJ con un cambio de última hora, la inclusión de una ex consejera del tripartito de Montilla, Mar Serna. Gobierno y PP creen que han cumplido con lo que se habían marcado, un presidente de prestigio aceptado por las dos partes -se consultó a Marchena antes de cerrar su nombre- y un vocal más para el PSIE. Sin embargo, la solución  ha provocado grandes recelos en PP y PSOE.  Y en el mundo judicial porque, una vez más, sus instituciones quedan “contaminadas” por la supuesta politización.

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