Son minoría, y a medida que pasa el tiempo los independentistas decrecen en número. No hay sociólogo, politólogo o simple observador que no confirme que la deriva inconstitucional impuesta por Puigdemont ha hecho cambiar de criterio a miles de catalanes que estaban por lo que los independentistas llaman derecho a decidir pero que no aceptan la idea de hacerlo fuera de la legalidad, el Estado de Derecho y la Constitución. Sin embargo los independentistas se han hecho con la calle en una manifestación continua y vociferante que ha transmitido la idea de que Cataluña es una región en la que el independentismo es un clamor.
Proliferan las declaraciones de los miembros del Govern y de dirigentes independentistas en las que reiteran que el pueblo catalán, cuando se les niega el derecho a decidir, está legitimado para levantarse contra España, una España que presentan como si fuera una potencia colonial que sangra a los habitantes de la colonia y les tiene sometidos a unas leyes y una Constitución redactadas expresamente para garantizar ese sometimiento. Prefieren no recordar los independentistas, que cuentan la historia a su manera, que más del 90 por ciento de los catalanes que participaron en el referéndum constitucional se pronunciaron por el "sí" y aceptaron el texto y el título VIII que recogía las competencias de cada una de las regiones que conformaban el Estado de las Autonomías.
IMPONER EL POPULISMO
Siempre tuvo en mente el gobierno español que cualquier medida que tomara para garantizar el cumplimiento de la Ley, iba a provocar algaradas callejeras, ya que el proceso independentista está capitaneado por la CUP, que tiene como objetivo implantar el populismo en esa región, emprendedora, con importante tejido empresarial, moderna, culta y con proyección internacional. Para la CUP fue prioritario destrozar Convergencia Democrática de Catalunya, lo que consiguieron exigiendo la cabeza de Artur Mas como candidato a la presidencia del gobierno autonómico. Llegó así a la Generalitat un político mediocre y manejable, Carles Puigdemont, a instancias del propio Mas. Por otra parte fue clave la elección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, la más importante cuña del populismo.
No pertenece a la CUP, sino a En Comú, filial de Podemos, pero se ha impuesto como líder indiscutible del populismo hasta el punto de echar abajo también la trayectoria de Pablo Iglesias. Colau es quien más y mejor colabora para que determinadas zonas de Barcelona, las más visibles, se hayan convertido en un manifestódromo que atrae el interés de los corresponsales extranjeros y permiten a los miembros del Govern sacar pecho presentando esas manifestaciones como el sentir general del pueblo. Cuando se trata de unos centenares de miles de personas, frente a los más de siete millones de ciudadanos de Cataluña. Pero su movilización, los mares de estaladas, las pintadas y las celebraciones callejeras cumplen su objetivo: transmitir la imagen de que Cataluña es masivamente independentista.
La estrategia pasa incluso por silenciar las declaraciones y manifiestos de la mayoría de los intelectuales y personajes de la cultura más respetados de Cataluña, gran parte de ellos de izquierda nacionalista. No les interesa, y han convertido en un referente a Lluis Llach y "L'Estaca", obviando que ya no se trata de un cantante en activo sino de un parlamentaria autonómico que vive de un sueldo oficial que a partir de este mes le pagará Montoro, que ha intervenido las cuentas del Govern cuando la vicepresidencia económica se negó a entregar los documentos que demostraban que el dinero recibido del gobierno central, como ocurre con todas las autonomías, tiene que ser destinado a aquello para lo que fue enviado.
Se acusa al gobierno de no haber dialogado con los catalanes. Se hizo antes del 9-N… y el resultado fue el conocido por todos, la celebración de la consulta ilegal. Explica Rajoy que desde entonces, cada vez que ha intentado dialogar con Puigdemont o alguno de sus colaboradores, o con dirigentes del PDeCAT, se encontraba con la misma exigencia: no había nada que hablar que no fuera el referéndum. Y Rajoy, así como las personas a las que Rajoy encargó ese diálogo –Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado del gobierno Enric Millo fundamentalmente- se negaron a negociar sobre algo que era ilegal e inconstitucional.
Los esfuerzos de dialogo no han cesado ni siquiera en las últimas semanas, de hecho entre la clase política catalana corren todo tipo de versiones sobre la entrevista mantenida por Junqueras y Millo, en la que al vicepresidente del Govern al parecer se le llenaron los ojos de lágrimas al expresar su inquietud sobre su futuro. Que es complicado, porque no hay autoridad judicial que no afirme con rotundidad que todos los miembros del gobierno catalán serán inhabilitados. Y a medida que se acerca el 1 de octubre y se acrecientan las ilegalidades, más son las razones para la inhabilitación.
La estrategia de los independentistas es conocida, y llevan meses explicando a sus adeptos las razones de haber promovido el proceso independentista y por qué no se sienten concernidos con la ley ni con la Constitución. Para los promotores de ese proceso era indispensable el apoyo internacional, que no han conseguido porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo diplomático para frenar las gestiones de la Generalitat en ese sentido, pero en los últimos días han cambiado las tornas donde menos se esperaba: en la UE.
La posición de los gobiernos europeos es estricta e inamovible: apoyo a la ley y a la Constitución y no a la independencia. Pero se ha empezado a quebrar la posición de políticos, eurodiputados o funcionarios. La razón principal tiene que ver con un periódico de Estados Unidos que en su formato digital es lectura obligada en Bruselas "El Político", que desde hace un tiempo recibe publicidad de la Generalitat. Ese periódico inició una línea que, en los últimos días, han hecho suya periódicos de papel de reconocido prestigio: no apoyan la independencia pero cuestionan que las medidas del gobierno español para bloquear el proceso respeten la libertad de manifestación y de expresión. Idea en la que insisten los dirigentes independentistas, empezando por Puigdemont.
La sinrazón se ha hecho con la calle, el populismo más radical lidera el proceso independentista y Rajoy está obligado a responder con equilibrio y serenidad al reto más grave que se vive desde la muerte de Franco. Debe ejercer la autoridad con la máxima cautela, porque cualquier error sería letal.
Los independentistas buscan una víctima y el presidente, al igual que Sánchez y Rivera, lo saben. Por eso, tanto las decisiones del Tribunal Constitucional como de la Fiscalía, así como la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado, tiene que ser, más que nunca, prudente, proporcionada… y serena. Porque los independentistas no tienen límite en su provocación.
