Vaya por delante que esta periodista ha firmado el manifiesto promovido por los padres de las tres niñas-jóvenes asesinadas –Marta, Mari Luz y Diana- para impedir la derogación de la prisión permanente revisable. Y vaya por delante también que esta periodista, desde antes de la iniciativa de estos tres padres, ya había expresado su convicción de que esa ley era absolutamente necesaria.
PP y Ciudadanos no han tenido mayoría suficiente para detener su derogación. Allá los impulsores de la derogación, ojalá lo paguen en las urnas. Los políticos no pueden ser ajenos a lo que sienten millones de ciudadanos; precisamente por actuar en muchas ocasiones al margen de esos sentimientos es por lo que la clase política está hoy tan desprestigiada. Refugiarse en una supuesta coherencia ideológica no provoca más que distanciamiento, por no mencionar que esa supuesta coherencia ideológica casi siempre está relacionada con alianzas de las que depende la supervivencia de partidos o de sus dirigentes.
El asesinato vil de Gabriel, que se suma a docenas de asesinatos igualmente viles, deben tener respuesta legal. En su momento se acusó al PP de legislar “en caliente” y esa misma acusación la esgrimen ahora los que pretenden la derogación de la prisión permanente renovable. ¿Pasa algo por legislar en caliente? ¿Es que no se deben tomar medidas cuando millones de personas exigen que se aparte de la sociedad a quienes atentan de forma salvaje contra quienes no han cometido más delito que cruzarse en su camino? Países tan democráticos como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido entre otros no solo han legislado en caliente sino que han puesto a las leyes el nombre de las víctimas que las han promovido, y otros igualmente democráticos también han cambiado leyes y endurecido otras al hilo de cometerse asesinatos que han provocado conmoción social, aunque no llevan el nombre de quienes han protagonizado esos casos.
No se trata de la pena de muerte, que debería ser abolida de la faz de la tierra. Tampoco de la condena a perpetuidad, pues se da al reo la posibilidad de reinserción, un derecho constitucional. Pero será una posibilidad que queda en manos de profesionales y expertos que considerarán si efectivamente se encuentra en condiciones de dejar definitivamente atrás su trayectoria delictiva y puede reintegrarse en la sociedad. El acento hay que ponerlo en la palabra “revisable”, no en “permanente” como hacen quienes pretenden su derogación. Porque revisable anula permanente, excepto para aquellos que no merecen una segunda oportunidad. Y cuyos casos serán revisables en tantas ocasiones como lo pidan sus abogados una vez hayan cumplido la condena, o los responsables de prisión que hayan visto un cambio drástico en su comportamiento.
La responsabilidad de los políticos es ponerse al servicio de los ciudadanos, dejando de lado sus ambiciones personales y estrategias electorales. Y hoy por hoy los ciudadanos españoles necesitan saber que existen leyes que les defienden de personajes que cometen crímenes execrables.
