A la conmoción provocada por el asesinato de un profesor de un instituto de Barcelona, al que un estudiante de 13 atacó mortalmente con una ballesta con la que hirió a cuatro personas más, se suma la indignación que provoca que el joven no será castigado como todo el mundo entiende que merece serlo. La ley española marca la mayoría penal a partir de los 18 años, y la responsabilidad penal a partir de los 14 años. Antes de esos 14 años, lo que recoge la ley es que las autoridades deben trabajar para que el delincuente reciba la instrucción necesaria para reinsertarse socialmente.
Los ejemplos de asesinatos atroces, con torturas incluidas, cometidos por menores, son tantos que obligan a replantearse los criterios de las leyes relacionadas con la responsabilidad de los delincuentes menores de edad. Cuesta admitir que la brutalidad no tenga castigo, hasta el punto de que cuando es un grupo de jóvenes el que ha cometido un asesinato o cualquier otro delito, se ponen de acuerdo para cargar las culpas en el menor, lo que permite que todos ellos salgan muy bien parados de su comparecencia ante la justicia. Los nombres de los muchos casos en los que eso ha ocurrido están en la memoria de todos y todo apunta a que a ellos se sumará el del estudiante de 13 años que ha matado ahora a un profesor después de haberlo intentado antes con una profesora y con su hija.
Los políticos españoles suelen decir que no se puede legislar en caliente. No tienen razón. Sí se puede. Países con más historial democrático que el nuestro toman decisiones drásticas ante casos que demuestran que existen lagunas legales, que no se castiga con suficiente contundencia al culpable o que los cambios sociales obligan a tomar en consideración nuevos delitos. De hecho, importantes leyes llevan el nombre de la víctima que obligó a que los legisladores a que pusieran manos a la obra para recoger nuevos delitos o dar más peso al castigo a imponer.
Es inconcebible que un asesinato como el del instituto Joan Fuster se resuelva sin que el culpable reciba poco más que una reprimenda y se le obligue a ingresar en un centro en el que reciba la formación “adecuada” para que comprenda que la violencia no es admisible. Como si no lo supiera, como si a los 13 años no tuviera conciencia de lo que está bien y lo que está mal, como si fuera ajeno a lo que significa cometer un asesinato y cuáles son sus consecuencias.
Rajoy no ocultaba sus críticas a la Ley del Menor cuando estaba en la oposición, y millones de españoles no pueden comprender que en tres años de gobierno no se hayan realizado las modificaciones que la sociedad exige. Una sociedad harta de que se sea tan garantista con los asesinos y tan poco comprensivo con las víctimas.
