Nueva decepción judicial

Nueva decepción judicial

Se ponga como se ponga el ministro Catalá con su defensa de la Justicia española,  y se ponga como se ponga Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también defiende el funcionamiento de la Justicia aunque discrepe de Catalá por  su crítica a un juez del  caso Manada,  se acumulan las decisiones  que provocan un incomodidad absoluta respecto a actuaciones judiciales. La última, que un tribunal belga acaba de negar la extradición a los ex consejeros catalanes  por un defecto de forma en la redacción de la  euro orden que cursó el juez LLarena.  Decisión sobre la que no cabe recurso,  solo redactar una nueva euro orden que el juez LLarena deberá tener  cuidado en redactar sin  un solo error que pueda ser utilizado para volver a rechazarla. El Supremo español alega "ausencia de compromiso" de los belgas. Pero no se pueden pedir peras al olmo cuando al olmo, lo saben los jueces españoles, les gusta la música independentista.  

La justicia belga ha dado muestras de simpatía hacia el prófugo de la justicia española, por tanto las iniciativas  de jueces y fiscales españoles deben tramitarse sin  dejar un solo resquicio para la interpretación interesada de tribunales belgas,  o de cualquier otro país, que permitan que los sediciosos catalanes se paseen  por Europa con la prepotencia de quienes han  visto cómo caían varapalos a los jueces españoles que intentan hacerles comparecer ante tribunales de nuestro país.

Coincide la decisión del tribunal belga con la noticia de que un juzgado de instrucción de Mallorca ha imputado, por mentir, al perito que informó sobre el caso Palma Arena, lo que podría evitar que Urdangarín vaya a la cárcel,  como piden jueces y fiscales.   Es  lo que faltaba, que a pocos días de que se conozca la resolución definitiva sobre la situación Urdangarín, sobre la que se cruzan apuestas porque un porcentaje alto de españoles está convencido de que se maniobrará desde las alturas para impedir que se convierta en preso,  surjan dudas sobre un peritaje cuya veracidad se tendría que haber confirmado hace tiempo. Una vez más, se dan razones sobradas para pensar que  los pecados de la justicia española no se deben solo a la falta de medios, sino que además hay jueces que no están muy finos en la necesidad de garantizar el máximo rigor en sus procedimientos.

A todo ello se suma  que en esta España  políticamente judicializada es  un secreto a voces  que los jueces Llarena y Lamela no siempre coinciden en sus apreciaciones sobre las maniobras independentistas catalanas, también se sabe de las discrepancias entre  Montoro y Llarena por los documentos que probarían que el gobierno de Puigdemont falseó facturas,  y son habituales los comentarios habituales de jueces y fiscales en los que expresan sudas sobre cómo se están  gestionando judicialmente  las euroórdenes. No son buenos tiempos para la credibilidad de la Justicia española. Lo que es muy muy preocupante.