Fue una tragedia que costó la vida a todo un pasaje que había arriesgado la vida en una misión heroica en Afganistán, y a una tripulación que les conducía de regreso a España.
Una tragedia en pérdida de vidas a la que se sumó una operación de rescate mal resuelta, en la que no faltó nada, ni siquiera errores importantes en la identificación de los cadáveres. La oposición y las asociaciones de familiares pidieron responsabilidades políticas, las diferentes instancias judiciales coincidieron en el error humano producido por el cansancio de los pilotos debido a las excesivas horas de vuelo. El gobierno indemnizó a los familiares de las víctimas y el entonces ministro Trillo buscó responsables entre los militares encargados de aquellas operaciones de traslado de tropas a Afganistán. Una decisión pésimamente recibida por la familia militar, que recordaba que en más de una ocasión se había alertado sobre las condiciones en las que se producían esos vuelos.
El caso parecía cerrado, pero se ha abierto con el dictamen del Consejo de Estado que hace responsable de lo ocurrido al Ministerio de Defensa por no haber exigido más medidas de seguridad a la compañía aérea contratada para realizar los vuelos.
Federico Trillo se encuentra nuevamente en el ojo del huracán y por mucho que el gobierno insista en que el dictamen del Consejo no cambia la situación respecto a las sentencias judiciales, y que tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos consideraron cerrada la causa, la política ha hecho nuevamente su aparición, precisamente cuando Federico Trillo iba a ser relevado como embajador en el Reino Unido porque su límite máximo de tiempo había finalizado hace varios meses, pero el gobierno no podía cesarlo al estar en funciones. Se produce el dictamen, y es un factor que manejan los defensores de Trillo, cuando en el Consejo de Estado corría el rumor de que el ex ministro de Defensa podría ser nombrado nuevo presidente de ese importante órgano consultivo del que forman parte algunas de las cabezas más brillantes del Derecho y la Judicatura, además de importantes excargos gubernamentales. El Yak, muy a pesar de quienes querrían pasar página, nunca ha sido un caso definitivamente cerrado. No podía serlo, a pesar de las sentencias judiciales, porque un puñado de familias se sienten injustamente tratadas, la mayoría de los militares se duelen de que el castigo haya recaído en los altos cargos de Defensa pero no en el ministro, y el PSOE siempre ha tenido a Federico Trillo en el centro de la diana política, disconforme con que saliera de aquel triste caso limpio de polvo y paja. Para el gobierno del PP y para Rajoy, el Yak vuelve a convertirse en un problema humano y político que ha regresado a la actualidad cuando más necesitaban mantener una buena sintonía con el PSOE.
