Fue muy dura Sáenz de Santamaría al calificar lo sucedido en el parlamento catalán como "una patada a la democracia", pero no erraba la vicepresidenta: nunca se había visto en España un espectáculo tan bochornoso como el vivido el miércoles 6 de septiembre, una fecha que quedará marcada con vergüenza. Con un parlamento que no aplica ni siquiera su propio reglamento, ni los artículos de su estatuto de autonomía, ni acepta las normas que rigen en cualquier parlamento democrático del mundo. Forcadell ha dejado por los suelos la imagen del parlamento que todavía preside, hasta el punto de que además de impedir el obligado debate, no ha aceptado las decisiones de los funcionarios más relevantes del parlamento encabezados por su letrado mayor, que se han empeñado en hacer cumplir la ley. Nunca un parlamento español ha caído tan bajo, nunca un gobierno autonómico español ha caído tan bajo, aunque sus dos máximos representes, Puigdemont y Junqueras, mostraban una sonrisa cínica impropia de la gravedad de la situación. Probablemente pretendían demostrar su absoluta falta de respeto a leyes, Constitución y a España, y mientras mantenían ese gesto ridículo en una sesión infame, sucedían cosas de gravedad extrema.
Rajoy daba instrucciones a la Abogacía del Estado para que elevara al Tribunal Constitucional la nulidad de los acuerdos que pudiera tomar este miércoles el parlamento catalán, Artur Mas pedía que los catalanes contribuyeran con dinero para pagar la cantidad que el expresidente y varios de sus consellers y colaboradores estafaron a los catalanes promoviendo una consulta ilegal; la CUP anunciaba manifestaciones que, una vez más, dejaban en ridículo a un Junts per Sí a los que mangonean políticamente; las tres asociaciones judiciales más importantes en Cataluña advertían que no aplicarán las leyes de desconexión y expresaban su lealtad a la Constitución, y el gobierno presentaba ante la Fiscalía una querella contra Forcadell y advertía de que tiene todo preparado para hacer cumplir la ley, incluidas acciones penales.
La fuerza del gobierno está en que defiende la ley frente a quienes prevarican y, también, en que cuenta con el respaldo del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PDeCat y ERC solo tienen a su lado a una CUP que marca el rumbo, mientras Podemos y En Comú se ponen de perfil. Los catalanes no merecen políticos que no cumplen las leyes ni aceptan el juego democrático, pero tampoco merecen actitudes cobardes cuando es hora de tomar posiciones.
Los independentistas, con sus cabezas más visibles, Puigdemont, Junqueras y Forcadell, han hecho saltar por los aires la Cataluña democrática, la Cataluña avanzada, emprendedora, seria y europeista, convertida este miércoles en un ejemplo de cómo no se cumple la obligada separación de poderes legislativo y ejecutivo, se desprecia la Constitución votada por la mayoría del pueblo catalán, se falta al respeto que se debe a los diputados elegidos por los catalanes para que defiendan sus ideas en el parlamento y se pone contra las cuerdas a los funcionarios que insisten en el cumplimiento de las leyes.
Puigdemont y Junqueras soñaban con que Rajoy enviara los tanques para poner orden, pero se han encontrado con que las armas que utiliza Rajoy y su gobierno, de acuerdo con Sánchez y Rivera, son más sutiles y mucho más eficaces: las de la Justicia. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, el Supremo, los tribunales ordinarios… las leyes. Los independentistas las han despreciado en la penosa sesión parlamentaria "de la desconexión".
