El Supremo da por cerradas las investigaciones sobre los políticos independentistas que desafiaron al Estado hace poco más de un año el mismo día que Rodrigo Rato ingresaba en prisión por su responsabilidad en el mantenimiento de las tarjetas black durante su mandato como presidente de Bankia. Se podrá criticar con razón la lentitud de la Justicia española y el partidismo ideológico que se aprecia en algunos jueces, pero nadie podrá decir que en España existen privilegios para quienes han ocupado altos cargos de responsabilidad. Importantes políticos, gobernantes, banqueros, empresarios y personajes de diferentes sectores han conocido la pena de cárcel y muchos de ellos todavía la sufren.
El TS ha abierto juicio oral contra Oriol Junqueras y otros políticos que tuvieron un papel protagonista en el llamado “procés". Se supone que la fecha del juicio se fijará después de las elecciones de mayo, o eso esperan los partidos constitucionalistas para que no se desarrolle en plena campaña electoral, pero de aquí a entonces el independentismo va a tener el máximo protagonismo posible y seguirá utilizando a los presos como avanzada de la campaña contra el Estado, tanto con la utilización constante del color amarillo para pedir la libertad de los “presos políticos” -según los independentistas-, como a través del gobierno ficticio que ha creado Puigdemont en Waterloo y que incluso pretende celebrar alguna sesión en el parlamento catalán. Lo que está por ver, porque si algo identifica a la bancada parlamentaria independentista, con el presidente Torrent a la cabeza, es su empeño en no cometer ninguna ilegalidad, como hicieron Puigdemont, Torra, Forcadell y tantos otros, para evitar así el ingreso en prisión.
La incógnita que queda por despejar es cuál va a ser la reacción del gobierno ante la decisión del Supremo de mantener que los políticos deben continuar en prisión mientras no se celebre el juicio por “rebelión, malversación y desobediencia”. Rebelión, a pesar del pronunciamiento de algunos dirigentes socialistas, incluido algún miembro del gobierno e incluso alguna insinuación del propio presidente.
La continuidad de Pedro Sánchez en la presidencia depende en buena parte del apoyo de los independentistas, que le exigen “un gesto” hacia los presos. Quieren que presione a la fiscalía para que no mantenga el delito de rebelión, pero el TS lo ha asumido, y es difícil por tanto que el gobierno intente ir contra el criterio del Tribunal Supremo, lo que deja a Sánchez en una situación de precariedad plena a pesar de que su correveidile Pablo Iglesias ha hecho intentos vanos por convencer a los independentistas de las bonanzas que les supondrían apoyar a los Presupuestos. Correveidile de Sánchez aunque Sánchez lo niega, pero en política lo que parece es.
La Justicia ha demostrado este jueves que a pesar de irritantes decisiones, cabreantes decisiones, todos somos iguales ante la Ley. Lo que hace falta es que el gobierno respete sus decisiones. Sin intentos de maniobrar políticamente.
