Arde Galicia, arde Asturias, y arde el país hermano, Portugal, y mientras la gente de bien trata de paliar la catástrofe y colabora en la medida de lo posible arriesgando la vida tratando de ayudar a sus vecinos en peligro, Puigdemont sigue prendiendo la mecha política en Cataluña arrasando con cuanto encuentra a su paso.
Daña al pueblo que gobierna, incluidos los independentistas a los que ha conducido a una situación sin salida cuando existen cauces democráticos para defender todas las opciones políticas; daña a los catalanes que se sienten también españoles y daña a España entera, pero sus principales víctimas son los 7 millones de súbditos de Puigdemont que, desde ya, se enfrentarán a una vida peor: más pobre, más aislada, con más índice de paro, menos servicios públicos y sin la salvaguarda de la UE para cuando vengan mal dadas.
Por dañar, daña a un profesional de prestigio, Trapero, que asumió las malas órdenes. Aunque es evidente que pudo negarse a incumplirlas: antes de que pasara lo que pasó, decía que en la academia aprendió a que su oficio obligaba a cumplir y hacer cumplir la ley.
Como se suponía, el todavía presidente de la Generalitat se empecina en el error y va directo al abismo. Algunos de los que le conocen bien y le apoyaban hasta hace unas semanas, afirman que ha enloquecido, que es un hombre obcecado hasta caer en la irracionalidad, un gobernante que ni siquiera hace caso ya a Artur Mas que, paradójicamente, después de haber iniciado este disparate, afirman los del PDeCat que aconseja a Puigdemont que dé marcha atrás. Si es cierto, que lo diga Mas públicamente, en determinadas situaciones ya no vale quejarse en privado de los disparates de aquellos a quienes se ha elegido para llevar un proyecto político determinado que no se puede ni se debe llevar adelante.
Viviremos dos días más de zozobra hasta que se cumpla el plazo que finaliza el jueves a las 10 de la mañana, pero es evidente que los independentistas no van a torcer la línea que se han marcado y que no conducen más que al fracaso.
El 155 permite sustituir a Puigdemont y a su gobierno, no para suspender la autonomía, sino para que se ejerza cumpliendo con responsabilidad, dentro de la legalidad y teniendo en cuenta los intereses de los catalanes, incluidos los independentistas, y no los caprichos de unos dirigentes políticos que no han dedicado ni un minuto a pensar precisamente en los intereses de los catalanes.
El colegio de notarios de Cataluña acaba de explicar que cada día se dan de baja 150 empresas para trasladar su sede a otros puntos de España.
Poco más hay que añadir. Puigdemont y el independentismo no traen más que desgracias para Cataluña. Es evidente que el 155 no gusta a nadie, pero el responsable de que se aplique no es Rajoy. Ni Sánchez, ni Rivera.
