La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado que el próximo viernes el consejo de ministros aprobará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la resolución aprobada el jueves de la semana pasada en el Parlamento catalán, en la que se reprobaba el discurso del rey Felipe el 3 de octubre del 17 y se pedía la derogación de la Monarquía.
El gobierno de Sánchez se ha tomado el asunto con una tibieza que sorprende en un gobierno que está obligado a defender a su jefe de Estado. Se trate de una monarquía o una república, un gobernante debe demostrar respeto a su jefe de Estado, sea rey o presidente. Y hay que hacerlo además de forma inmediata.
Explican en Moncloa que había teclas que consultar antes de anunciar el recurso, y probablemente tengan razón, pero al menos se podía anunciar que se estaban tocando esas teclas. Al menos se habría transmitido la idea de que al gobierno de Sánchez le importan las cuestiones institucionales. Y de la misma manera que se ha informado este martes sobre la presentación del recurso, lo lógico es que se hubiera adelantado la información de que el gobierno no permanecía quieto, y la presentación del recurso estaba decidido. Así al menos se transmitiría que la resolución parlamentaria el gobierno se la estaba tomando en serio, era consciente de su gravedad, y reaccionaría como se merecía ese nueva incursión en el rechazo a la monarquía y la implantación de la república.
El silencio tras el breve anuncio inicial hacía pensar que el gobierno había pasado página, no le daba al asunto especial relevancia. Más aun cuando desde distintas instancias del gobierno se insistía en que la resolución no tenía ningún valor jurídico. ¿Y qué? No siempre es el valor jurídico lo que importa, sino la intención, el objetivo que se busca con ese tipo de iniciativas que, desde luego en este caso, era advertir a los catalanes que el rey Felipe no es una figura a la que se deba respetar y, de paso, se transmitía también a los catalanes que mejor irían las cosas sin una monarquía.
El silencio ha provocado que, perversamente, se hayan producido otras interpretaciones. Y que se haya puesto el acento en que la resolución la presentó En Comú, el alter ego catalán de Podemos.
Sánchez no sería presidente de gobierno si no fuera por Podemos, ni aprobaría los Presupuestos si no fuera por Podemos. Ha sido elegido presidente de forma legal a través de una moción de censura gracias a Podemos. Y a los partidos que pretenden romper España. Todo un signo de cómo se las gasta Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder, y la relevancia que le da a España y a lo que recoge su Constitución.
Constitución que pretende reformar, por cierto. Toda una oportunidad para que metan mano sus socios, que pretenden trocear este país y cambiar su forma de Estado.
