Opinión

La reforma constitucional, en marcha

La campaña electoral catalana ha provocado el retraso en el inicio del trabajo de la Comisión Territorial que se ha creado en el Congreso de los Diputados, porque PP y PSOE han considerado que era más adecuado no comenzar las reuniones hasta que no se apaciguara el escenario político. Pero la reforma de la Constitucional está ya en marcha, no hay vuelta atrás. Rajoy se ha comprometido a apoyar la propuesta presentada por Pedro Sánchez hace pocos meses y los dos están decididos a que se cumpla ese compromiso.

No significa en ningún caso la elaboración de una nueva Constitución, sino de reformar un texto con cuarenta años de historia  que necesita los cambios adecuados al paso de los tiempos y, también, que algunos de los puntos de la Constitución del 78 deben ser mejor definidos y completados para solucionar así problemas surgidos posteriormente y que no encuentran referentes en el texto actualmente vigente.

La prueba de que no se trata de redactar una nueva Constitución es que tanto PP como PSOE, principales protagonistas del llamado “Pacto constitucional del 78” en el que estuvieron acompañados por los comunistas y los partidos nacionalistas vasco y catalán, coinciden en que impulsan una reforma del texto y no una ruptura  -términos que fueron muy utilizados durante la Transición- y que en esa reforma que proponen no se recoge cambiar el artículo que da prevalencia al varón sobre la mujer en la línea de sucesión de la Corona, tampoco que el Estado –el gobierno central- recupere competencias hoy transferidas a las comunidades autonómicas, y no se van a anular los conciertos económicos del País Vasco y Navarra y por tanto seguirá existiendo el cupo vasco. Aunque en este último punto hay coincidencia también en que habría que buscar la fórmula adecuada para que el cupo venga determinado por parámetros previamente fijados.

EL FUTURO DEL SENADO
Todo esto indica que los trabajos de la Comisión Territorial que iniciará su andadura el próximo enero estarán muy centrados en la territorialidad, en el famoso Título VIII tan cuestionado y que centra las principales polémicas surgidas en torno al Estado Autonómico. Entre ellas, el papel del Senado.
Una institución sobre la que hay coincidencia generalizada de que  debe ser convertida en Cámara territorial con todas sus consecuencias, en la que además de sentarse representantes de los parlamentos autonómicos –y, hoy, ex presidentes autonómicos con apenas papel, lo que la convierte en una especie de injusto cementerio de elefantes- sea sede de debates de las grandes cuestiones que afectan a los territorios, y no una Cámara de segunda lectura en la que, de vez en cuando, se celebran reuniones de Presidentes en las que, con excepción de la última convocatoria, los presidentes se reunían en un almuerzo con el Rey, acudían al Senado para leer un discurso y regresaban a su ciudad. Punto. 

En la última, celebrada el pasado mes de enero y a la que no acudió Puigdemont, se analizaron en profundidad los problemas más acuciantes, fundamentalmente los de financiación, se aprobaron algunas medidas prácticas como la tarjeta social universal para que no se acumularan prestaciones de distintas entidades y, en cierto sentido, se promovió la creación de la reforma constitucional que ahora se inicia, al insistir en la necesidad de llegar a acuerdos definitivos sobre la financiación territorial. Rajoy se comprometió a que se aprobara esa financiación antes de que finalizara el 2017, promesa no cumplida. Pero sí se ha reunido el Consejo de Política  Fiscal y Financiera -el ministro con los consejeros económicos- aunque con la ausencia del consejero catalán, y precisamente en los asuntos fiscales se va a empeñar los miembros de la Comisión Territorial del Congreso de los Diputados.
Una comisión que tiene seis meses de plazo para culminar su trabajo,  el periodo de tiempo concertado entre Sánchez y Rajoy.  

TODOS DECIDIRÁN SOBRE TODOS
Las propuestas a las que llegue se trasladarán a una subcomisión  Constitucional, que concretaría las que le lleguen de la Territorial, que es la que llevará el peso de los trabajos pues, como hemos apuntado, la reforma se centra en cuestiones territoriales.

La Comisión Territorial cuenta con un presidente cuya trayectoria demuestra que Sánchez se ha tomado muy en serio todo lo relacionado con la Constitución y está decidido a que las negociaciones con el PP lleguen a buen puerto.  José Enrique Serrano ha sido Jefe del Gabinete de los presidentes González y Zapatero y conoce como nadie las estructuras del Estado. Pero no es ese su principal bagaje político, sino que ha sido  el hombre que, en nombre de los gobiernos socialistas y del PSOE ha urdido todas las grandes negociaciones con los gobiernos del PP y con el partido PP. Todas. Sobre todo las más delicadas, relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la Justicia y la Defensa. Es un hombre tan respetado en el PSOE como en el PP, incluso más en el PP pues en el PSOE tuvo sus más y sus menos con Pedro Sánchez, mientras que en el PP, cuando se pronuncia el nombre de Serrano como negociador de la otra parte, no disimulan su alivio. 

Es importante esa sintonía pues en la Comisión Territorial la carga del resultado estará en manos del PP y PSOE, ya que aunque participa Ciudadanos, los otros partidos mayoritarios Podemos, ERC, PDeCat  y el PNV se han negado a formar parte de esa comisión parlamentaria, ya que apostaban por una revisión en profundidad de la Constitución y, en algunos casos, que incluyera también la forma de Estado.

NEGOCIADORES
La portavoz del PSOE va a ser Adriana Lastra, pero se puede apostar sin miedo a perder que será Patxi López quien lleve el peso de las negociaciones para que se concrete un texto conjunto. José María Bermúdez de Castro, diputado con décadas de experiencia a sus espaldas, y hombre en la sombra de casi todo en el Congreso, será el portavoz del PP, y Luis Prendes de Ciudadanos. Pero el “hacedor” de todas las mimbres será Serrano, que ha mantenido ya varias conversaciones con Bermúdez de Castro antes incluso de que se inicien los trabajos formales y que, también se puede apostar sin miedo a perder, mantendrá una línea de comunicación muy fluida con Soraya Sáenz de Santamaría,  con quien ha negociado en el pasado en momentos complicados y seguirá haciéndolo en el futuro.

Lo dicho: se ha retrasado el inicio de la Comisión Territorial, pero la reforma de la Constitución está en marcha y ya no tiene vuelta atrás.

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