El Tribunal Supremo ya fijó fecha para la vista previa del juicio sobre las actuaciones del 1 de octubre del 2017, el Consejo de Ministros se celebrará en Barcelona el día 21 aunque no le guste a José Luis Ábalos (algún día habrá que hablar sobre las tensiones internas y la descoordinación que caracterizan a este equipo de gobierno), Moncloa amenaza con aplicar la Ley de Seguridad Nacional si los Mossos de'Escaudra no garantizan el orden en Barcelona cuando se celebre el Consejo, y Torra, en cuanto ha oído pronunciar el número 155, o que la Policía Nacional intervendría si los Mossos volvían a estar cruzados de brazos ante el vandalismo de los CDR, ha dicho que la policía autonómica actuó contra ellos como era su obligación. Miente, como es habitual en él.
Todo se precipita, y habrá que estar atentos en el día de hoy a la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que debe exponer su punto de vista sobre la situación de Cataluña, cuáles son sus intenciones ante la subversión, si se plantea o no que las competencias de los Mossos sean asumidas por policía y guardia civil, y también tendrá que responder de alguna manera a algo que hasta ahora no ha querido responder: si contempla el indulto a los políticos que cumplen prisión provisional y que viven ya calculando las horas que les quedan para comparecer ante un tribunal.
Hasta ahora el presidente del Gobierno se ha escaqueado y no se ha definido respecto a un posible indulto, argumenta en privado que no puede tener posición clara hasta conocer la sentencia del tribunal.
Sin embargo, visto lo que se está viendo, cada vez más preocupante, algo tendría que aclarar en el Congreso. Al menos decir en sede parlamentaria lo que dice en privado, porque con la que está cayendo los españoles tienen derecho a saber cuáles son los límites que se pone el presidente del Gobierno para, en caso de ser rebasados, aplicar el 155, aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, suspender la autonomía (posibilidad que está ahí), indultar a los políticos para intentar una nueva línea de diálogo con interlocutores no "contaminados" por Puigdemont, o asumir solo algunas competencias autonómicas para garantizar el orden y neutralizar las maniobras de los independentistas para sumar adeptos a su causa. Por ejemplo, a través de la educación.
En apenas seis meses al frente del Ejecutivo, Pedro Sánchez al menos ha podido constatar de primera mano algo que él no comprendía como líder de la oposición: con estos independentistas es imposible dialogar. Su cerrilismo y su aversión a todo lo español es visceral. Con otros… quién sabe.
En el entorno próximo de Sánchez hay quien cree que con Oriol Junqueras todo sería más sencillo. Puede. También lo creyó Soraya Sáenz de Santamaría durante un tiempo, y así le ha ido: sus adversarios dentro del Partido Popular utilizaron ese arma para descalificarla y hacerle, de forma decisiva, perder las primarias de los populares.
