El juez Llarena, con su retirada de la orden internacional de detención a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, no solo demuestra que sabe qué iniciativas tomar para que se cumpla la ley, sino que prevé los acontecimientos futuros e intenta neutralizarlos cuando alguien trata de eludir la justicia española. Un juez que discurre, que se pone en la piel del otro para adivinar cuál va a ser su jugada, y la aborta con una decisión que la echa abajo.
Desde que se conoció la huida de Puigdemont, su círculo explicaba que los delitos de rebelión y sedición no tenían la misma consideración en Bélgica que en España, y barajaban la idea de que la orden presentada ante la justicia belga podría ser rechazada, o aceptada con la condición de que los cinco ex altos cargos de la Generalitat solo pudieran ser juzgados en España por el delito de malversación. En ningún caso por rebelión y malversación.
El juez Llarena, al hacerse cargo del caso, encontró la respuesta que impedía que un juez belga tuviera la última palabra, así que ha retirado la orden internacional y solo estará vigente la orden de detención en España, lo que permite juzgar a los imputados por los delitos que supuestamente han cometido. Inteligente jugada, que obliga a los fugados a medirse ante la justicia española en igualdad de condiciones que sus excompañeros de gobierno; que por otra parte es lo justo, sobre todo porque Puigdemont es el principal responsable e inductor de que se hayan producido los hechos presuntamente delictivos que los han llevado a prisión preventiva.
No regresará a España el expresidente, ya lo ha anunciado su abogado belga, Bekaert, pero al menos ya sabe Puigdemont que si se le ocurre pisar tierra española inmediatamente será conducido ante el juez y, lo que es más grave para él, tendrá que responder por todos los delitos de los que se le acusa, no solo por los que Bekaert pretende que responda ante la justicia belga.
Las consecuencias de la retirada de la orden internacional no son inmediatas puesto que los cinco exmiembros del gobierno catalán no piensan regresar; pero al menos consuela que se les haya venido abajo la maniobra de salvarse de las acusaciones más graves al huir a Bélgica. Bastante grave es que hayan escapado a la acción de la justicia española como para asumir, encima, que esa huida-escapada-fuga que no es precisamente algo de lo que un dirigente político de un país democrático deba presumir, pudiera tener premio: recibir mejor trato judicial que aquellos subordinados que tuvieron la decencia de quedarse en España y asumir las consecuencias de sus acciones.
El futuro de Puigdemont está por escribir, pero el juez Llarena ha aportado una importante contribución a que no escape del largo brazo de la Justicia. Que acabará atrapándole. Más pronto que tarde.
