Mal se han hecho las cosas, en distintos niveles, en el asunto Puigdemont, un político mediocre que sin embargo está excelentemente asesorado por sus abogados de Bruselas, Barcelona y Madrid, que se están haciendo de oro indicando al ex presidente los pasos que debe dar para cumplir con su obsesión de recuperar la Generalitat. Confesaba días uno de los abogados que deben andar por los 600 mil euros en minutas, que paga el PdECAT aunque por lo visto remolonea y temen que en un momento dado diga que no suelta un euro más. Se comprende: Puigdemont pasa de su partido excepto para que se haga cargo de sus cuentas.
Su viaje a Copenhague estaba bien pensado, nuevo baño de publicidad en una de sus universidades y, si le detenían, dejaba de ser prófugo para convertirse en preso, y según la doctrina Llarena los prófugos no pueden votar en la investidura pero los presos sí, por delegación. Operación redonda. Cometió un disparate el fiscal general al anunciar que pediría al juez la euroorden para detener al ex presidente, no pensó en que le daba la oportunidad de votar, pero peor fue anunciar la euro orden: a nadie se le ocurre advertir de su estrategia al adversario. Menos mal que el juez Llarena estaba al quite y dijo que ni euro orden ni nada semejante. Así que si los asesores de Puigdemont se frotaban las manos pensando que iba a ser detenido y su voto sumaría en la investidura, vieron como esa operación se desmoronaba.
El presidente del Parlament, si pretende fomentar su tinte institucional, también ha cometido un disparate al designar candidato a Puigdemont. Cuenta con más apoyos que nadie, pero si se hubiera plantado ante PDeCAT y ERC alegando que es un prófugo de la Justicia, seguro que los dos partidos habrían elegido otro candidato con tal de no perder la presidencia del gobierno. Torrent ha dicho que quiere reunirse con los presos, con los fugados y con Rajoy. Por lo que sabemos, Rajoy no tiene la intención de hacerlo y en cierto sentido se comprende, aunque le acusarán una vez más de falta de voluntad de dialogar. Pero que le presenten como inamovible la candidatura de un prófugo, y que además le metan en la misma operación de consulta que la que incluye a ese prófugo y a los encarcelados, es demasiado.
Aunque para disparate mayúsculo, el de Puigdemont. Dijo en su intervención de la universidad danesa que el franquismo se mantiene en España y que España no es un país democrático, como se demuestra al no dejarle votar. Una profesora le hizo la pregunta del millón: ¿La democracia solo significa que se puede votar, o la democracia significa que se debe cumplir la ley? Si se la hubieran formulado en España habría calificado a su interlocutora de facha, que es el adjetivo que más gusta a los independentistas.
