La primera comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso, tras la detención de Ignacio González, la dimisión de Esperanza Aguirre y, sobre todo, la terrible sospecha de que la Fiscalía y el Ministerio del Interior han ayudado y filtrado información a una organización criminal, ha sido demoledora.
Ni una explicación, ni una disculpa a los ciudadanos. Incluso se ha permitido apoyar la gestión del fiscal anticorrupción Manuel Moix, cuestionado por todos los fiscales y que incluso mintió en su maniobra para apartar a los fiscales del caso Lezo. Para Rajoy la única solución a todos los problemas es aprobar los presupuestos y "así se acabara con la corrupción".
En iguales términos, pero con un cierto toque de chulería, ha contestado desde el escaño el ministro Catalá. No sabemos si en aquella conversación entre Zaplana e Ignacio González, en la que este último relataba su falta de empacho en decirle "a Rafa" que nombrara a Moix que era "un tipo serio y bueno", se estaba refiriendo a Rafael Catalá, el mismísimo ministro, el único con poder de nombramientos en la fiscalía.
Cada día que pasa, el teléfono pinchado del ex presidente de la Comunidad de Madrid vomita más datos comprometedores para el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Cada vez hay más fiscales valientes que se atreven a denunciar las advertencias que hicieran a sus superiores sobre los lazos de afinidad entre los ahora detenidos y la Fiscalía Anticorrupción. Que lo hicieron antes del nombramiento de Moix, que presentaron pruebas y pese a ello el fiscal general les mintió y, además, siguió adelante con el nombramiento.
¿Por cuánto tiempo cree Rajoy que va a poder sostener este escándalo sin que le explote? ¿Va a esperar a que la oposición presente la semana próxima en el Congreso la petición de reprobación de Rafael Catalá o le va a pedir personalmente que dimita y que se lleve a toda la cúpula fiscal? ¿No siente vergüenza el ex magistrado Juan Antonio Zoido, hoy ministro del Interior, de que su subordinado, el secretario de Estado José Antonio Nieto, haya enviado una carta a la fiscalía exigiendo que le informen de si se le considera el responsable de la filtración a los hermanos González? ¿Pensará el jurista Zoido que esa actuación se enmarca dentro de un estado de Derecho? Son demasiadas preguntas a las que el Gobierno, de momento, se niega a contestar.
Pero a Mariano Rajoy ya no le vale amenazar con una nueva convocatoria electoral. El CIS ha demostrado que su valoración y la de su partido van cuesta abajo. Puede que renueve mandato pero con mayor precariedad y falta de apoyos.
A lo mejor ha llegado la hora de empezar a limpiar en el Gobierno lo que no ha podido o no ha querido hacer en su partido.
