La elevada siniestralidad en el campo provocada básicamente por la sequía, los fuertes calores, las heladas y el pedrisco, han constituido la principal preocupación en el sector agrario en los últimos meses, especialmente entre los agricultores y los ganaderos extensivos de algunas zonas.
Los datos provisionales manejados por las compañías aseguradoras a través de Agroseguro contemplan la posibilidad de que 2017 sea un año record en cuanto al volumen de la superficie afectada, 1,3 millones de hectáreas en su conjunto. De esa cifra, unas 950.000 hectáreas corresponden a las superficies de cereal, de las que 660.000 están afectadas por sequía, 140.000 por heladas y otras 132.000 por pedriscos. Los daños por la sequía se concentran principalmente en Castilla y León con 450.000 hectáreas y otras 200.000 en Castilla La Mancha. Los pedriscos se llevaron por delante a otras 180.000 hectáreas y las heladas de abril a cerca de 30.000 hectáreas de viñedos en denominaciones de origen como Rioja, Ribera del Duero, Cigales, Rueda Toro, Bierzo y, en menor medida, en Ribera Sacra o Ribeiro.
Sin embargo, el hecho de que casi el 90% de la superficie corresponda solamente a los cereales, supondría que los pagos a efectuar por las compañías aseguradoras se sitúen de forma provisional en unos 300 millones euros, frente a los 766 millones que se abonaron en 2012 cuando las condiciones climatológicas, también con sequía, afectaron con más fuerza y con indemnizaciones más elevadas aa las producciones de frutas.
Agroseguro, a la vista del aumento de superficie dañada esta campaña ha reforzado el número de peritos en las principales zonas afectadas, como Castilla La Mancha y Castilla y León donde ya se ha actuado sobre casi 300.000 hectáreas y se espera que los pagos se puedan llevar a cabo entre los meses de julio y agosto para los cereales y en viñedos para antes de la vendimia si se tiene en cuenta la necesidad de hacer una segunda evaluación de los daños antes de la recolección.
El seguro agrario se mantiene como uno de los ejes de la política agraria con el fin de garantiza teóricamente al sector, la posibilidad de obtener unos ingreso que al menos cubran su costes de producción y que no se paralice la actividad de la explotación. Esta política de seguros agrarios se ha desarrollado fundamentalmente sobre dos pilares claves, el coste de las primas a pagar por el solicitante y el volumen de pagos por indemnizaciones esperado ante la posibilidad de un siniestro. Los otros dos puntos complementarios serían la confianza del agricultor en el desarrollo de las tasaciones por parte de las compañías aseguradoras y, finalmente, los plazos para recibir las indemnizaciones.
El seguro agrario, por la los elevados riesgos que cubren, es generalmente reconocido por ser un seguro caro, por lo que históricamente la contratación de las póliza ha contado con importantes subvenciones públicas que en la actualidad suponen una media del 50% sobre el coste de las primas. El recorte de las ayudas al pago de las primas desde el Ministerio de Agricultura de los 300 a los 200 millones de euros, la retirada de las ayudas en varias comunidades autónomas y, en paralelo el incremento del coste de algunas coberturas, se ha traducido en los últimos años en una bajada importante del número de pólizas suscrito bajando de más de 500.000 a una media de 450.000, número que actualmente se halla estabilizado, aunque se ha incrementado el valor de las producciones aseguradas hasta superar los 12.000 millones de euros frente al valor de la Producción Final Agraria de 45.000 millones de euros.
En relación con el seguro agrario, en estos momentos cuando existe una situación de catástrofe en el campo provocada por la sequía, junto a las cifras manejadas por las compañías aseguradoras sobre superficies afectadas con parte de siniestro, es necesario poner en paralelo las superficies cultivadas en los mismos sectores, vino y especialmente cereales de invierno para tener una visión más exacta del seguro agrario, de su implantación y de su efecto sobre la renta de las explotaciones.
Así, sobre una superficie cultivada de cereales de invierno de 5,7 millones de hectáreas, el seguro de heladas y sequía fue suscrito solamente para una superficie de 1,8 millones de hectáreas, justamente el 32% a nivel estatal. En Castilla y León se aseguraron 837.000 hectáreas sobre una superficie de 1,94 millones de hectáreas y en Castilla La Mancha 331.000 hectáreas sobre una superficie cultivada de 1,37 millones de hectáreas. De esos 5,7 millones de superficie sembrada, otros 146 millones de hectáreas suscribieron el seguro contra pedrisco e incendio. Si nos vamos al viñedo, los partes por las heladas afectaron a poco más de 27.000 hectáreas, una cifra insignificante sobre el volumen de superficies cultivadas y dañadas en esas ocho denominaciones de origen.
Aunque sobre gustos no hay colores, en líneas generales se puede hablar de que el coste de las primas a pagar por los agricultores no es caro si se mantiene el anterior nivel de subvenciones. Entonces, si el coste del seguro no es prohibitivo y se ve cada día más como una parte necesaria de los costes de una explotación, deben existir otras razones para que los agricultores, al cabo de tantos años de seguros, no se apunten masivamente a la contratación de las pólizas. El argumento manejado en los últimos meses justificando la no contratación masiva del seguro contra la sequía porque venía una buena otoñada, se queda corto.
Desde los servicios técnicos de la Unión de Pequeños Agricultores se tienen las cosas mucho más claras. En su valoración, no hay una mayor contratación de estos seguros, porque el agricultor no está de acuerdo o no le interesa el volumen de compensaciones que iba a recibir en el caso de un siniestro donde ya entran en juego las políticas sobre asignación de rendimientos, por zonas, pueblos y explotaciones individuales de agricultores. En este sentido se considera que sería preciso una revisión de esta política de rendimientos. Existe consenso sobre la dificultad de elaborar un seguro donde en caso de siniestro los fondos a percibir por el agricultor supongan el 100% de todos los ingresos y beneficios previstos por el solicitante. Pero, tampoco se puede consolidar un seguro, si el mismo no llega ni siquiera a garantizar los costes de producción y un poco más para seguir sin ahogos en la actividad.
