El 4 de septiembre de 2004 se publicó en este periódico una carta al director que rezaba así:
«Porque Ourense es una de las ciudades más prosperas de España; porque nuestras infraestructuras y servicios públicos son la envidia del resto de mandatarios municipales de la nación; porque nuestra renta per càpita es de las más elevadas; porque la cuantía de las pensiones de nuestros jubilados está al nivel de las de los países nórdicos y por ello pueden acceder a residencias de lujo privadas y no públicas; porque, en fin, nos sobra riqueza y bienestar por doquier, es por lo que el Concello perdonó en su día a las promotores la ridícula cantidad de 1.651.140,37 euros. Ello según informe del propio concello de Ourense, como aparece reflejado en su diario de fecha 3 de septiembre, página 7. Aun cuando demos por cierta esa cifra, digamos “oficial”, y no la que manejaba la oposición socialista, que calculaba la pérdida del Concello (es decir, de todos nosotros) en 13 millones de euros, estamos hablando de casi 275 millones de las antiguas pesetas.
Suponiendo la buena fe de los responsables municipales, y sin pensar de modo torticero (imaginando posibles connivencias, caducidades provocadas, etc…), me parece escandaloso que hayamos perdido todos los orensanos esa cantidad tan importante de dinero. Si ha sido por descuido de los responsables municipales, la negligencia es manifiesta; mas se me ocurre pensar que dado que desbordamos prosperidad por todas partes, aquellos responsables habrán pensado que no hace falta ese dinero para nada, y que lo lógico es no cobrarlo a los promotores, como, de hecho, nos perdonan a los demás orensanos muchos impuestos municipales, (IBI, lixo, Vehículos, etc.…).
Si ello es así, se me ocurre algo: denme el dinero, para que yo pueda invertirlo y suplir carencias y necesidades de la ciudad.
P.D. Se abre concurso de ideas sobre el destino que se dará a esos millones, una vez se me entreguen. Gracias.»
Han pasado catorce años desde que se descubriera el asunto de la condonación a promotores inmobiliarios, por parte del gobierno municipal durante el periodo del 1997-2003, de la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento urbanístico que aquéllos debían al Concello de Ourense (por tanto a todos nosotros), que ya exigía la Lei do Solo gallega de 1997. Y parece que a casi nadie le importa. Resulta aún más chocante tal olvido en nuestros días, en que toda actuación municipal se pone bajo sospecha, en que parece que vuela sobre los ayuntamientos una suerte de psicosis de posible imputación por la decisión más nimia que se adopte, pues parece que el Derecho Penal ha sustituido al Derecho Administrativo como revisor de la actuación de alcaldes, concejales y funcionarios. Y sin embargo tal condonación -un verdadero escándalo y un quebranto económico de indudable gravedad para las arcas municipales- pretende pasar para casi todos (no para todos, pues alguien se ha empeñado, doña erre que erre, dicho sea con cariño, en que la causa no muera vergonzantemente) como mera práctica, cómo decirlo, alegal por aquel entonces, una época en que manejar el cotarro urbanístico entre unos pocos en despachos oficiales era práctica común y consentida.
Catorce años es tiempo suficiente como para que al final se depuren las posibles responsabilidades. Por ética. Por decencia. Y como dice el refranero popular, no es por el huevo, es por el fuero.
