Procuro casi siempre no escribir en esta columna sobre aquello de lo que ya otras se van a nutrir al mismo tiempo; al menos intento no insistir a la vez en esa noticia que va a copar en el día titulares y artículos de opinión. Lo intento, pero hoy no puedo; hoy es imposible obviar lo que para mí constituye un escándalo sin precedentes en la vida política española. Escándalo, no ya solo por las funestas consecuencias que surgen para los directamente implicados en la trama objeto de durísimo reproche penal (muchos de ellos relevantes cargos públicos del PP), sino también porque, queramos o no, ahora mismo está en juego la propia credibilidad de la vida institucional —sobre todo parlamentaria— de este país, y va a exigir de los partidos políticos una respuesta, una actuación contundente que sirva para mitigar la cada día más evidente pérdida de confianza que la sociedad —con razón— tiene en la clase política.
A estas alturas ya sabrán que se ha dictado la sentencia del llamado caso Gürtel. Una sentencia durísima, tanto por los años de prisión impuestos a los principales jefes de la trama (51 años a Correa, 37 a Pablo Crespo, 33 a Bárcenas, 15 años a su mujer Rosalía, 14 a Jesús Sepúlveda —ex de Ana Mato—, 31 años a López Viejo…), como por el hecho de que el Partido Popular, el mismo que gobierna España, es condenado como partícipe a título lucrativo, o dicho en cristiano, como beneficiado de una trama criminal orquestada para malversar caudales públicos, conseguir ilícitamente adjudicaciones de contratos públicos, defraudar a la Hacienda Pública y blanquear capitales. Casi nada. Y esto, que podría constituir una breve reseña en la sección internacional de un periódico, referida a una insignificante monarquía corrupta del lejano oriente, sin embargo ocurre aquí y ahora en esta España que pretende ser un ejemplo a seguir en Europa, cuna de las libertades y de las democracias más avanzadas. No hablamos del PRI mexicano ni del partido de Kirchner en Argentina. No es la Cuba de Castro ni la pseudodemocracia rusa con Putin al frente. Es el PP español el beneficiado por delitos gravísimos —cometidos por personas en su día relevantes en su organigrama—, que a la vez sostiene el Gobierno de la nación.
No bastó en su día con el bochorno de ver cómo el presidente Rajoy tenía que declarar como testigo (conocedor de los hechos) en esta trama, sino que ahora, como destacan todas las cabeceras del día, el PP se convierte el primer partido condenado por corrupción por los primeros años de actividades de la trama.
Surgen entonces varias preguntas obligadas: ¿Debe seguir siendo presidente del Gobierno alguien que preside un partido político condenado por beneficiarse de una trama criminal? ¿Puede ser creíble para dirigir un país ese tal Rajoy, si su testimonio prestado en juicio (donde tenía obligación de decir verdad), en palabras del tribunal, «no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido»? ¿Qué va a hacer ahora Ciudadanos, ese partido que se regocija en baños de masas y que se ha erigido en adalid de la pureza de la raza y único portador de la marca España? ¿Va a ver ahora en el PP un partido corrupto, a decir de un tribunal, o solo va seguir viendo españoles mire donde mire, cegatos? ¿Y los demás? Si Rajoy, a la vista de estos hechos gravísimos, no convoca en pocos días elecciones anticipadas, ¿no es el momento de presentar ya una moción de censura para cambiar un gobierno que está rodeado de tanta podredumbre? ¿No sería incluso un ejercicio de responsabilidad, un deber democrático por puro respeto a las instituciones?
Es hora de que cada partido asuma su deber. Por respeto a sus votantes, pero sobre todo por decoro institucional e higiene democrática. Y que desaparezca el hedor.
