Opinión

El respeto obligado y demás crítica

Toda decisión del poder ejecutivo está sometida a crítica, faltaría más; sea un acuerdo del Consejo de Ministros que entendemos perjudicial o injusto, sea esa decisión ministerial que creemos arbitraria, cualquiera de ellas merece nuestra censura. La individual y la colectiva; la que expresamos en la terraza de un bar, pero también la que justifica los editoriales de opinión o el argumentario de un partido. Lo mismo pasa con el poder legislativo: la labor de los parlamentarios está sometida a la censura pública, aunque a veces implique a aquéllos ser objeto de diatribas; ostentar la representación de la ciudadanía lleva ínsito el sometimiento a la reprobación pública. Y si esto no admite discusión (creo), tampoco debería ser discutible que pudiésemos someter a crítica las decisiones del poder judicial plasmadas en forma de resoluciones de jueces y tribunales. Claro que cualquier parte de un proceso puede intentar revocar una decisión que le es perjudicial a través de los recursos que la ley le otorga, pero no me refiero ahora a esa «crítica». Hablo en cambio de la toma de postura ante una sentencia que podamos considerar desafortunada o desproporcionada, y que por su calado político o mediático tiene una trascendencia que se escapa de lo habitual. Y es que las resoluciones judiciales no son pergeñadas por seres incorpóreos o inanimados, desprovistos de sentimientos, moral o raciocinio; los jueces, ya saben, son como ustedes y como yo, condicionados al tino y al yerro, imbuidos de sus principios éticos y de su particular modo de entender la impartición de justicia. Y aciertan o se equivocan como lo hace el médico al diagnosticar, el arquitecto al diseñar o el herrero al forjar.

Decir, como escuchamos tantas veces, que se respeta una decisión judicial es, permítanme decirlo, una soberana estupidez. O al menos una perogrullada. Igual que la ley vincula a todos (aunque desconozcamos su vigencia), toda sentencia ha de acatarse y cumplirse en sus justos términos, nos guste o no, la respetemos o no. ¿O acaso el desahuciado va a evitar el desalojo por decir que no respeta la sentencia que ordena el lanzamiento? No, claro que no, así que empecemos por ahí: decir que se «respeta» una decisión judicial es tanto como decir nada.

Dando por supuesto ese obligado respeto, hay decisiones judiciales que merecen expresar posicionamiento, tanto de los que se dedican a la comunicación pública como de los que aspiran a alcanzar el poder político. Y es que hay sentencias y sentencias; la que condena al quinqui por un hurto de 600 euros no tiene la carga política que lleva la que condena a una tuitera a un año de prisión por mofarse en una red social de la muerte de Carrero Blanco a manos de ETA, con comentarios tales como que (transcribo uno literalmente) "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella". Fueron trece tuits los que llevaron a la Audiencia Nacional a condenar a Cassandra Vera a un año de prisión por delito de enaltecimiento del terrorismo. Carrero Blanco era el jefe de un gobierno dictatorial, fascista y criminal (con miles de víctimas esparcidas por cunetas); ETA es una banda sanguinaria y terrorista cuyos miembros merecen pudrirse en la cárcel por todo el dolor infligido; Cassandra es una tuitera de dudoso gusto y actuar cretino que alcanzó, aunque no como ella había soñado, su minuto de gloria. Y la sentencia de la Audiencia Nacional, creo, un desaguisado jurídico. Dense una vuelta por las redes sociales y verán a seres anónimos, y también a conocidos (políticos en activo, reputados empresarios), que deberían colmar celdas si se aplicase el mismo rasero.

Aparte del obligado respeto, hay sentencias que a veces merecen un comentario especial. Y hay que tener el valor de decirlo.

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