Opinión

43 pruebas, ningún drogado

La DGT tiene un pretexto para justificar la reducción del límite de velocidad y para freír al personal con el radar. Galicia cerró 2018 con 104 víctimas mortales en las carretas, 28 más que el año anterior. En el cómputo de todo el Estado la cifra se ha situado en 18 fallecidos menos, según los datos que presentó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado de Pere Navarro, director general guadianesco de la DGT. 

La Comunidad Valenciana encabeza la clasificación de autonomías en las que hay que lamentar más duelos, seguida de Galicia, Cataluña, Navarra, Aragón, Asturias, Castilla-León, Cantabria y País Vasco. Se trata de territorios en los que abundan más las curvas que la línea recta y con un clima más resbaladizo para los neumáticos, aunque en el caso de Valencia se podría discutir. En Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja, Ceuta y Melilla las víctimas mortales en carretera han disminuido respecto al año anterior.

Registrar 3,2 muertes al día en el asfalto es para preocuparse, pero en serio. Culpar sólo al conductor suena a disculpa del que pretende escabullirse de sus responsabilidades. En bullanguera noche del año nuevo la Guardia Civil intensificó los controles en la carreteras secundarias gallegas. 93 conductores dieron positivo en las 4.006 pruebas realizadas. La meta es cero, pero incluso la benemérita resaltó en su nota de prensa "un aumento en el número de vehículos de servicio público que se utilizan en los desplazamientos, así como padres y familiares responsables, algunos de los cuales en pijama, que acuden a los centros de ocio para recoger a sus hijos y allegados". De los datos de esa noche convulsa, también resulta llamativo que en 194 pruebas de drogas realizadas diesen positivo 17 (14 en Pontevedra, 2 en Lugo, 1 en Ourense y ninguna en A Coruña en las 43 practicadas). 

La peña cada vez está más concienciada, pero las cruces en la carretera aumentan. El año comenzó con la subida del 3,51% en el precio del peaje de la AP-9 frente al 1,67% de la mayoría de la autopistas españolas. Es previsible que el tráfico aumente en la vías secundarias, pero en vez de parchearlas se baja la velocidad y se compran radares móviles. 

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