Opinión

El enchufe y la justicia

Es comprensible que los 2.700 trabajadores que mueven la justicia en Galicia tengan un mosqueo con el presidente Feijóo tan gordo como el libro de Derecho Procesal. Ayer afrontaron su novena jornada de huelga para conseguir un incremento en el complemento autonómico que les permita equipararse salarialmente a los compañeros de otras comunidades autónomas, pero el primero de los gallegos, según rango estatutario, en vez de intentar allanar la negociación ha patinado con estrépito al desacreditar su reivindicación ante la opinión pública. Núñez Feijóo cargó la semana pasada contra los representantes sindicales por rechazar una subida salarial de 1.000 euros al año, "cuando hay gallegos que no cobran esa cantidad al mes. Es un desprecio que no merece la mayoría de trabajadores". Duras palabras. 

Le respondieron con celeridad que él y su equipo de Gobierno se han subido la soldada un 7,5%, y está bien porque se presupone que los políticos bien remunerados tienen menos tentaciones de trincar, pero hay manchas dialécticas difíciles de limpiar, sobre todo cuando sabes que cada jornada de huelga supone un recorte en la nómina que vas a percibir a final de mes, mientras desde el otro lado de la mesa de negociación te acusan de pesetero. Un informe publicado ayer por Adecco indica que los salarios han mejorado en Galicia hasta llegar a los 1.471 euros mensuales, pero continúan siendo los quintos más bajos del Estado. Es para seguir preocupados, porque además calculan que hay 69.000 parados de larga duración. 

Ayer también se conoció el informe sobre remuneraciones enviado por Red Eléctrica Española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no ayuda para calmar los anhelos de los que pelean por una mejora salarial y laboral. Resulta que Arsenio Fernández de Mesa, exdelegado del Gobierno en Galicia cuando sucedió la catástrofe del 'Prestige', ex director general de la Guardia Civil gracias al gracioso dedo de Mariano Rajoy y funcionario con plaza de auxiliar de jardinería en la Junta del Puerto de Ferrol, en donde su padre era ingeniero, percibió 156.000 euros en 2017 por calentar un asiento en el consejo de la eléctrica. Como para que el personal no se encienda.  

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