Se sabía que la política acostumbra a racanear con la decencia. Las corruptelas de añosas formaciones políticas como PP, PSOE o CiU se consintieron con la resignación del pagano al que no le queda más tutía que tragar con los humos de la fábrica para sacar la prole adelante. Mientras unos se quedaban con la tarta, la mayoría celebraba las migajas. Y así se fue tirando hasta que la crisis económica de 2008 propició que despertasen movimientos como el 15-M. En las plazas sobrevoló la sensación de que nada volvería a ser ni parecido, pasado el brío inicial es difícil encontrar ahora las diferencias.
La sentencia del caso Gürtel tumbó a Mariano Rajoy días después de aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez llegó a la presidencia y formó un Gobierno póster que no disgustaba ni a la derecha de la derecha. Pero en unos días su Consejo de Ministros, elegido por atesorar escrúpulos de monja para dedicarse al negocio de la política, comenzó a parecerse a un consejo de administración sin escrúpulos. Si al final resultará que Máximo Huerta –así se hace llamar ahora– es el que menos motivos tenía para dimitir. Que el ínclito Josep Borrell continúe como ministro de Asuntos Exteriores después de ser multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 30.000 euros por servirse de información privilegiada para desprenderse de acciones de Abengoa un día antes de que suspendiese pagos y se desplomase en Bolsa, es una vergüenza que no hay bandera de España que pueda tapar.
La irrupción de Podemos o las mareas municipales en el escenario electoral permitió albergar la esperanza de que otra manera de hacer política era posible. Pero cuando presumes de tener a José Mújica, expresidente uruguayo, como referente y después decides vivir como un ejecutivo del Ibex, el daño a la ilusión del electorado es irreparable, sobre todo para los que aspiran a sucederte. En Galicia, el proceso para la renovación del puente de mando de En Marea brinda cada jornada un episodio cuyo final cantado es la ruptura. La actual dirección desveló que los diputados autonómicos de Podemos y EU, excepto Manuel Lago, han pasado en 2018 de cumplir la carta financiera que los obliga a aportar el 50% de las donaciones obligatorias a la formación. Ya rapiño yo.
