Si Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo apoquinasen habitualmente el peaje de la AP-9, seguramente actuarían con más prudencia en vez de montar dos tinglados en cuatro días para inaugurar las ampliaciones de la autopista en Rande y Santiago. El nuevo rejonazo al bolsillo de los gallegos para costear la obra puede ser legal, pero también resulta indecente.
El timo de la AP-9 llegará a 75 años, como otras dos autopistas del Estado, si alguien no decide prorrogar la concesión porque tenemos más tendencia a callar que a protestar. Puede pensar que si soportamos una refinería y pagamos más caro el combustible que en otros territorios que no padecen las consecuencias medioambientales de la factoría, tampoco habrá un gran problema ante el incremento de los peajes o la ampliación de la concesión. El levantamiento de barreras estaba previsto para el año 2012, pero en 1994 el Gobierno de Felipe González decidió aplazarlo hasta 2023 en contrapartida de nuevas ampliaciones. Y como ya no quedaba tan lejano el momento de poder pasar sin pagar por haberlo pagado antes a buen precio, en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar amplió la concesión hasta 2047. Más obras, más años. Después, con el socialista José Blanco en Fomento se apalabraron las mejoras de Rande y de Santiago a cargo de un incremento del peaje, decisión que Ana Pastor no quiso corregir cuando lo sustituyó en el ministerio.
La AP-9 es un chollo para Audasa. Desde 1972 disfruta de una exención del IBI del 95%, canonjía que quieren eliminar una quincena de concellos de A Coruña antes de que concluya el plazo, aunque se encontrarán con dificultades parecidas a las que pone el Gobierno central para transferir las competencias del vial a Galicia, como reclamó por unanimidad el Parlamento gallego, sin que la Xunta se haya quejado de manera enérgica. Audasa obtuvo en el ejercicio de 2016 unos beneficios de 45 millones de euros gracias a que aquí cuesta casi un euro recorrer 10 kilómetros.
¿Cómo es posible que Rajoy y Feijóo lo puedan permitir? Claro que el primero lleva 36 años sin bajarse del coche oficial y el segundo 26 desempeñando cargos de responsabilidad pública. Ya paga Galicia.
