Quizá porque la muerte es un asunto muy serio, una putada para el que la diña y una faena para los deudos, las fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego han conseguido ponerse de acuerdo para que la Xunta y la Fegamp impulsen cementerios que tengan en cuenta el ritual mortuorio de las confesiones minoritarias.
No se trata de un tema secundario, sino del segundo momento más importante en la vida de una persona después de su alumbramiento. Siguiendo el debate desde la tribuna de invitados de la Cámara se encontraban representantes de la comunidad islámica y judía. En Galicia residen unos 17.000 musulmanes y unos 300 practicantes del judaísmo que literalmente no encuentran aquí tierra para caerse muertos sin conculcar los preceptos de su religión.
Un musulmán tiene que ser enterrado en contacto con la tierra, recostado sobre el lado derecho y con la cabeza mirando hacia La Meca. La ley judía también prohíbe los sepelios en mausoleos y las cremaciones.
Cuando un musulmán fallece se acostumbra a repatriar el cadáver o se entierra en Madrid o Toledo, los sitios más cercanos donde pueden cumplir con los mandatos del Corán. Lo mismo ocurre con los fieles del judaísmo. La proposición no de ley llevada al Parlamento por el PP -contó con los votos a favor de PSOE y del BNG y la abstención de En Marea- contempla "la necesidad de modificar el Decreto 151/2014 del 20 de noviembre de sanidad mortuoria de Galicia para regular aquellos entierros que tengan que ser hechos en contacto con la tierra" porque en juego está la salud pública.
La sensibilidad de los populares gallegos con este problema para las confesiones minoritarias es plausible, pero, según advirtió el diputado nacionalista Luis Bará, en las puertas de Europa hay miles de personas "en condiciones miserables para entrar" que se encuentran con el "rechazo de partidos como o PP".
