Si usted traza una ruta para conocer paisajes y monumentos de nuestro país, vaya por donde vaya, la sucesión de edificios religiosos le resultará abrumadora. Si hiciéramos una comparativa entre la diversidad arquitectónica hispánica veríamos sin asombro que por cada obra civil del pasado existen veinte dedicadas a la religión. A la religión católica, naturalmente. Porque, si exceptuamos los vestigios del Imperio romano y algo de árabe en el sur, todo lo demás pertenece al catolicismo.
El poder patrimonial de la Iglesia de Roma en España es verdaderamente extraordinario. Un tesoro acumulado durante siglos de monopolio y de entrega de los fieles a los intereses materiales de la organización. Con contados garbanzos negros, como las desamortizaciones del siglo XIX, el proceso acumulativo histórico solo se vio frenado durante el siglo XX. Centuria en la que muchas parroquias, conventos y monasterios se desprendieron de propiedades por mor de la especulación urbanística o simplemente por el abandono.
En lo que va del nuevo siglo -la democracia arraigada y la laicidad del Estado en entredicho-, estamos asistiendo al curioso fenómeno de ver como obispos y sacerdotes han inscrito a nombre de la Iglesia territorios e inmuebles de dudosa propiedad pero de importante valor crematístico, como es el caso de la mezquita de Córdoba, mientras en paralelo cada mes se cierra un convento o monasterio por falta de vocaciones que los habiten y, por tanto, de utilidad.
En un informe reciente se habla de monjas obligadas a acudir a las cocinas económicas y a los bancos de alimentos para poder sobrevivir. Usted no tendrá dificultad para ver como muchas congregaciones están formadas, en su mayoría, por religiosas procedentes del tercer mundo o de Hispanoamérica. El contraste entre propiedad y utilidad es extraordinario.
La pregunta inmediata salta lógica. ¿Por qué y para qué ese empeño de la Iglesia en mantener tantas propiedades que no puede sostener? ¿No resultaría más natural un acuerdo de cesión al Estado para usos artísticos, sociales, civiles…? En definitiva, todas esas propiedades son tan legítimas de la organización religiosa como del resto de españoles que actualmente no profesan su fe. Pero sí son herederos de aquellos católicos “obligados” que contribuyeron a acumular tantas propiedades.
Existe también esa otra alternativa, que en algunos casos se ha hecho efectiva, de la exclaustración y dedicación a fines turísticos, comerciales, hospederías… Una forma muy digna de contribuir al mantenimiento de patrimonio nacional y de proporcionar recursos económicos transparentes a los servidores de Cristo.
No obstante, si Jesucristo anduviera por estos andurriales del capitalismo probablemente, además de cerrar los conventos y los templos inútiles, pondría en solfa toda la organización que utiliza su nombre y les recordaría aquello de “al César lo que es del César y a Dios…”
